(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). Diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en reunión ordinaria, decidieron dar aprobación al proyecto de resolución “Que solicita a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, realizar una fiscalización integral de todo el periodo del señor Hugo Javier González al frente de la Gobernación del Departamento Central”.

Esta iniciativa tuvo como proyectistas a los diputados Rocío Vallejo (PPQ-Central); Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); y Sebastián García (PPQ-Capital).

Durante el análisis, el legislador Villarejo solicitó una modificación consistente en la inclusión de la Contraloría General de la República (CGR), como institución que también proceda a la fiscalización integral de la administración del gobernador Hugo Javier González, lo cual contó con visto bueno del plenario.

“El presente proyecto de resolución tiene como finalidad que las instituciones competentes del Estado realicen una fiscalización integral de todo el periodo del gobernador Hugo Javier González, atendiendo las graves denuncias, de público conocimiento, sobre manejo irregular; falta de transparencia; falta de control; etc. A esto se suma la postura de la mayoría de los colegas (Cámara de Diputados), al rechazar el acuerdo para la intervención. Buscamos dar respuestas a la ciudadanía”, refiere la normativa impulsada.

Piden investigar al juez Carlos Alberto Lezcano

En otro momento del orden del día, los parlamentarios estudiaron el proyecto de declaración “Que insta a los representantes de las Cámaras de Senadores y de Diputados a iniciar de oficio la investigación o enjuiciamiento del magistrado, Abg. Carlos Alberto Lezcano Fernández, juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de Presidente Hayes”.

Hubo aprobación en este punto, con una modificación planteada por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), que consistió en cambiar el acápite y que éste quede redactado de la siguiente manera: “Que insta a la Cámara de Senadores y de Diputados a impulsar el inicio de una investigación de oficio”.

Cabe recordar que sobre el abogado Carlos Lezcano existen denuncias referentes a la supuesta liberación de una importante carga de varillas de contrabando.

El profesional en cuestión es juez en la ciudad de Villa Hayes.

La titular de la Comisión Permanente, senadora Lilian Samaniego (ANR), mencionó la necesidad de establecer medidas más sólidas y estrictas para combatir el flagelo del contrabando, que actualmente golpea con dureza a la economía del país.

Pedido de informes a gobernaciones

Otro ítem considerado fue el proyecto de resolución “Que pide informes a los gobiernos departamentales de todo el país”, sobre la totalidad de gastos efectuados mediante recursos establecidos en la Ley Nº 6.641, y su modificatoria, impulsado por los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central), y Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú).

Esta iniciativa fue aprobada por la Comisión Permanente y vale puntualizar que refiere a la ley de apoyo financiero a las gobernaciones, para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia; y la normativa modificatoria, referente a medidas del plan de recuperación económica por efectos causados por la pandemia, bajo el eje de protección social.

Requerimientos para la ANDE e Itaipú

En la misma línea, el proyecto “Que pide informes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), e Itaipú Binacional”, correspondiente al senador Martín Arévalo (ANR), contó con visto bueno.

La iniciativa busca información sobre la supuesta disminución del precio de la energía eléctrica, de forma unilateral, por parte de la República Federativa del Brasil.

De confirmarse, esto constituiría una abierta violación del Tratado de Itaipú, según manifestó el proyectista.

“En caso afirmativo, indicar el porcentaje de variación de precio y el perjuicio que significaría para nuestro país”, establece el documento en uno de los artículos.

Reductores de velocidad

Por otro lado, también formó parte del orden del día un proyecto “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la instalación de reductores electrónicos en las distintas rotondas ubicadas en la ruta PY02, tramo Oviedo-Ypacaraí”.

La normativa fue presentada por el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), y fue aprobada por el bloque parlamentario, pero con modificaciones (se testa la palabra “electrónicos”).

Más pedidos de informes

Otros proyectos de resolución de pedidos de informes que fueron puestos a consideración del plenario de la Comisión Permanente fueron los dirigidos al Ministerio de la Mujer (sobre las acciones tomadas por la institución para prevenir los casos de violencia feminicida, con detalle de programas; estadísticas; convenios; etc.), impulsado por los senadores Lilian Samaniego y Arnaldo Franco (ANR); y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, “sobre obras de relleno de humedales en la zona Luque - San Bernardino”, también impulsado por los citados parlamentarios.

En ambos casos hubo aprobación legislativa.