(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), recibió al contralor y subcontralor de la República, Camilo Benítez y Augusto Paiva, respectivamente, quienes hicieron entrega del informe y dictamen sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación, ejercicio 2020, en cumplimiento del Art. 282 dela Constitución Nacional.

“En cumplimiento al artículo 282 de la Constitución Nacional, vinimos a presentar el informe y dictamen acerca de la ejecución presupuestaria del año 2020; así lo hicimos con la Cámara de Senadores, ahora cumplimos con el presidente de la Cámara de Diputados, conforme como lo establece la Constitución y nuestra ley orgánica”, dijo al respecto el contralor Benítez.

Comentó que el presente informe constituye una significativa herramienta de evaluación del desempeño administrativo de los OEE (Organismos y Entidades del Estado), debido a que proporciona información actualizada acerca de la gestión de los recursos públicos de las instituciones.

“Con los datos aquí expresados, los miembros del Poder Legislativo, podrán generar disposiciones normativas tendientes a corregir las deficiencias e impulsar, con firmeza, las buenas prácticas administrativas”, señala parte del informe.

Significó, por otro lado, que el examen realizado a los diferentes OEE arrojó evidencias de la deficiente gestión de las instituciones en la administración de sus presupuestos y en la gestión patrimonial, reflejada en sus respectivos estados financieros, tanto en los organismos de la administración central, como en las entidades descentralizas, municipalidades y gobernaciones.

Un punto destacado y evidenciado a través de las actividades de control realizadas, es el deficiente control interno, llegando, inclusive, en algunos casos, a omitirse procedimientos indispensables que responden a ese concepto.

“Esta falencia, a criterio de este organismo de control, es consecuencia de las debilidades en la gestión de las auditorías internas institucionales y muestra que la labor de las mismas es, al menos, ineficiente, a pesar que esa unidad debiera ser, juntamente con la asesoría legal, el pilar orientativo del correcto accionar de una institución pública”, remarcó el contralor en su informe.

En otro momento, el informe de gestión señala que la Contraloría General de la República se permite sugerir al Congreso Nacional conceder la debida importancia a los resultados de las auditorías informadas en el documento, al momento del estudio y aprobación de los respectivos presupuestos institucionales para el siguiente ejercicio fiscal, a fin de inducir, a las instituciones que muestran falencias en el control interno de su accionar, a que adopten la medidas orientadas a encauzar su actuación dentro de las normas administrativas pertinentes.

“Estamos muy satisfecho con el trabajo que hicieron los auditores durante este año; se han cumplido todos los objetivos propuestos, a pesar de la pandemia y de la cuarentena; creemos que es un trabajo muy emblemático, muy importante para nuestra institución y para nuestro país”, refirió.

El documento entregado contiene un total de 526 informes sobre las distintas actividades de control a los OEE, consistentes en auditorías; fiscalizaciones especiales inmediatas; evaluación de sistemas de control interno, de acuerdo a las normas de requisitos mínimos; auditorías a la ejecución de programas y/o proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Inversión y desarrollo; evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible; dictamen técnico de contratación; informes resultantes de la fiscalización de los actos de recuento, clasificación y destrucción de billetes deteriorados y de monedas desmonetizadas en el BCP; entre otras actividades de control.