(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Sobre tablas, durante la sesión extraordinaria de esta semana, el pleno de Diputados aprobó un proyecto de declaración que repudia el accionar de las instituciones estatales hacia las comunidades indígenas de nuestro país. El documento ratifica el reclamo de la Conferencia Episcopal Paraguaya, exteriorizado por medio de una carta abierta a los poderes del Estado y al Ministerio Público, sobre violación de derechos humanos.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).

Expresa descontento ante “la abierta violación de los derechos humanos de varias comunidades nativas en el Paraguay”; y dice que, pese al duro dictamen ya emitido por las Naciones Unidas, el Estado paraguayo no ha reivindicado los reclamos de las comunidades indígenas.

“Repudiar el accionar violento al que están siendo sometidas las comunidades indígenas, sumándonos así a lo expresado por la Conferencia Episcopal Paraguaya, en la carta abierta dirigida a los poderes del Estado y al Ministerio Público. El Estado, a través de sus instituciones, debe ser ejemplo de procedimiento con respeto a los derechos humanos, incluso aplicando protocolos que promuevan acuerdos que eviten toda violencia. Los pueblos indígenas merecen ser respetados en sus derechos ancestrales, tal como dice la Constitución Nacional”, refiere parte de la declaración.

El legislador Vera Bejarano recordó el dictamen recientemente emitido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que expresa que Paraguay violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, “debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras, causada por el uso intensivo de plaguicidas, por empresas agrícolas vecinas”.

Agregó que aquello fue respuesta a una denuncia que tiene como víctimas a 201 integrantes de la comunidad indígena Campo Agua’e, y al pueblo Avá Guaraní, de Curuguaty - Canindeyú, al advertir que aún no se ha dado cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en otros casos como los de las comunidades Yakye Axa; Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek.

La normativa no tuvo reparos del plenario de la Cámara Baja.