(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). En conferencia de prensa, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), acompañado del ingeniero Javier Villate, brindó detalles de las respuestas recibidas de parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tras unos pedidos de informes relacionados a la compra y venta de energía de la represa de Acaray a otros países.

Hay evidencia documentada respecto a importantes irregularidades y graves perjuicios económicos para nuestro país, según afirmó el legislador.

El pedido de informes solicitaba datos entre los años 1995 y 2014, “sobre la ejecución de los contratos de suministro de energía eléctrica proveniente, exclusivamente, de la represa de Acaray”.

“No sé si mucha gente está en conocimiento de que la energía que se produce en la represa de Acaray es vendida a otros países. Se vendía a ciertos lugares específicos de Argentina y Brasil”, expresó el parlamentario.

Puso énfasis en que existe evidencia documentada que hace presumir que existen irregularidades en los contratos de compra y venta de electricidad.

“Descubrimos inconsistencias que, a nuestro parecer, presumen irregularidades en estos contratos. Creemos que esto tiene que ser investigado, como mínimo, por la Contraloría. Si bien existe cierta prescripción legal, de alguna manera se debería deslindar responsabilidades y establecer qué pasó con algunos ex presidentes y gerentes de la ANDE”, apuntó el diputado Villarejo.

Recordó que la institución eléctrica, en un momento dado, compraba energía de Itaipú a 25 dólares cada MWh, y la vendía a Argentina y Brasil en un promedio de 12,75 dólares cada MWh.

“Esto representa alrededor de 40 millones de dólares sobre lo estipulado en el contrato. Además, 200 millones de dólares de diferencia, aproximadamente, sobre precio de venta en Paraguay”, especificó.

Desde su óptica, la ANDE se gestiona sin supervisión de un organismo especializado, por lo que hay falencias institucionales muy serias.

Ente regulador del sector eléctrico

El parlamentario opinó que es necesario instalar un debate sobre la necesidad de un ente regulador del sector eléctrico en Paraguay. “Debe tener suficientes facultades como para una supervigilancia a los agentes del sector eléctrico”, aseguró.

Acto seguido, el ingeniero Villate citó el caso de la ANDE y la Compañía Paranaense de Energía (COPEL) - sede Curitiba/Paraná -, que firmaron un contrato de abastecimiento que luego, en los sucesivos años, agregó seis adendas, varias de las cuales son significativas por las irregularidades.

“Se firmó la adenda cinco; el Ing. Héctor Richer la firmó en el año 1998; y se comprometía a vender contractualmente a 16 dólares el MWh, mientras que ya compraba de Itaipú a un promedio de 25 dólares. Por alguna razón la ANDE resolvió perder nueve dólares por unidad de energía”, esgrimió.

Acotó que “esa adenda también especificaba que se iba a vender, experimentalmente, a 10 dólares; pero luego, en la adenda seis, el Ing. Martín González decía que la ANDE iba a vender a 10 dólares, no a 16, porque iban a aumentar la capacidad de conversión, cosa que no ocurrió”.

Como recomendación, dijo que se debería convocar a los ex presidentes y gerentes de la institución que tuvieron participación durante la vigencia de los contratos. “Que deslinden sus respectivas responsabilidades”, sentenció.

“Millones de dólares de regalo”

El ingeniero Villate refirió que nuestro país estaba regalando, a Brasil y Argentina, una suma de 230 millones de dólares, aproximadamente, considerando el precio que se pagaba por la energía entre 1997 y 2007.

Como hecho llamativo indicó que al darse un cambio de gobierno “automáticamente terminó la venta irregular y los precios empezaron a aumentar”.

Respaldó la idea de una Ley de Comercialización de Energía, con un organismo especializado en organizar subastas públicas de la electricidad excedente de ambas binacionales, más Acaray, “en condiciones competitivas y transparentes; en territorio paraguayo; bajo leyes, reglamentos y controles de nuestro país”.