(Redacción: Dirección de Comunicación-Prensa). Por solicitud del diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), el plenario de la Cámara Baja dio aprobación a varios pedidos de informes dirigidos a diferentes instituciones, con relación a casos reincidentes de hechos delictivos y el registro de cuantos han sido beneficiados con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Se solicita los registros con todos los datos personales y la fecha de resolución de dichas medidas, desde el año 2011 hasta la fecha.

Las instituciones que deberán presentar respuestas a estos pedidos son la Corte Suprema de Justicia; Comandancia de la Policía Nacional; Fiscalía General del Estado; y el Ministerio de Justicia.

Según explicó el proyectista, los pedidos obedecen a que la Ley N° 1.286/98, “Código Procesal Penal”, que fuera modificada por la Ley N° 4.431/2011, se refiere, en su artículo 245°, a las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva.

Esto faculta al juez a imponer una o varias de las medidas establecidas siempre que, razonablemente, el peligro de fuga o de obstrucción a la investigación pueda ser evitado por medidas menos gravosas para la libertad del imputado, pudiendo ser aplicadas de forma conjunta o indistintamente, según cada caso.

El citado artículo establece: “… Este mecanismo no será aplicable a las personas que estén siendo sometidas a otro proceso ni a las reincidentes; así como a quienes ya hayan violado alguna medida alternativa - sustitutiva de la prisión…”.

“Es notorio que desde la puesta en vigencia de la última modificación de esta Ley se sigan escuchando casos sobre el otorgamiento de medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, a personas reincidentes de hechos delictivos o que ya hayan violado las medidas alternativas que le fueran otorgadas”, esgrimió el diputado Buzarquis.

Las instituciones en cuestión deberán remitir sus informes en un plazo de 15 días.