(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó, por unanimidad, el proyecto de ley “Que amplía el artículo 142 - Invasión de inmueble ajeno - del Código Penal, modificado por Ley N° 3.440/2008”. La realización de una sesión extra, a los efectos de adoptar esta decisión, fue una solicitud del congresista Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes).

Esta determinación de la Cámara Baja responde a una intención puesta de manifiesto en la Cámara de Senadores, donde un proyecto de similares características, fue presentado por el senador Pedro Santacruz, pero luego retirado de circulación, para que no sea archivado.

Con esto, los alcances de aquella iniciativa, enmarcados en otro documento, quedan rechazados “de raíz”, por la Cámara Baja.

El diputado Núñez resaltó el peligro de atentar contra la seguridad jurídica y la propiedad privada, contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la misma Constitución Nacional del Paraguay.

Para rechazar este proyecto de ley, previamente, el plenario de la Cámara de Diputados se convirtió en comisión, con el objetivo de dictaminarlo y cumplir todos los pasos legislativos al pie de la letra.

La legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien asumió su banca de manera oficial, en la fecha (reemplaza en el cargo al diputado Ramón Romero Roa, recientemente fallecido), dijo que es necesario dejar claro el mensaje de defensa del estado de derecho en nuestro país.

“El sector productivo necesita tranquilidad; la seguridad jurídica es lo que necesita el Paraguay; en el proyecto se busca establecer, legalizar y despenalizar la invasión; eso es ilógico, convertiría todo esto en un campo minado de odio, y no podemos permitir eso”, esgrimió la legisladora.

En la misma línea se pronunció la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), quien sostuvo que con la normativa se busca legalizar la violencia, así como la violación de los derechos de un propietario.

Calificó esta normativa de inconstitucional e ilegal.

El inciso primero del documento establecía que la persona que ingresa violentamente, si no es denunciada dentro de los seis meses, podría quedarse en el lugar sin inconvenientes, recordó la congresista.

Varios parlamentarios, de diversas bancadas, expresaron su rechazo al texto en cuestión y, finalmente, la plenaria resolvió rechazarlo.

El documento se remite al archivo.