(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En su reunión semanal, la Comisión de Equidad Social y Género, que preside la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), abordó varias iniciativas legislativas, siendo una de ellas el proyecto de ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 4.992/2013, que reglamenta y amplía las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial”.

Este documento fue sancionado por el Congreso Nacional pero tuvo objeción por parte del Poder Ejecutivo; y dicho veto contó con dictamen de rechazo en la reunión ordinaria del bloque.

Es importante recordar que esta iniciativa tiene como objetivo reivindicar la labor de dichos profesionales y actualizar la norma.

A tal efecto, los actuarios judiciales de la República percibirían salarios no inferiores al 60 % de lo percibido por los jueces de Primera Instancia.

El proyecto surgió tras la ampliación de funciones de los actuarios judiciales, estipulada por la Ley N° 4.992/2013; a su vez, impulsada y aprobada con el fin de acelerar los procesos judiciales y descomprimir todo el sistema.

Dicha norma fue aprobada en el año 2013, con lo cual los actuarios sumaron mayores funciones, pero sin contemplar una mejora salarial.

El salario de un actuario judicial, en la actualidad, ronda los G. 6.500.000.

Vale mencionar que son proyectistas del documento los legisladores Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); David Rivas (ANR-Itapúa); Néstor Ferrer (ANR-Central); Kattya González (PEN-Central); Fernando Ortellado (ANR-Guairá); Jazmín Narváez (ANR-Central); Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú); Ever Noguera (ANR-Guairá); Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú); y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).