Analizan proyecto sobre jubilación de docentes con discapacidad y que trabajan en aulas inclusivas

Publicado el: 15/04/2024 15:43

Discapacidad 01 850.jpg(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bajo presidencia de la diputada Carmen Giménez (ANR-San Pedro), llevó a cabo su reunión ordinaria al efecto de analizar el proyecto “Que modifica y amplía el artículo 13 de la Ley N° 2.345, de reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público; y abroga las disposiciones contenidas en sus leyes modificatorias por la Ley N° 4.735/12 y N° 4.747/12”.

El bloque aún no dictaminó la normativa pues se decidió solicitar informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyas respuestas serán puestas a consideración más adelante, para el correspondiente debate y la posterior decisión.

Esto, teniendo en cuenta la situación de los docentes que prestan servicios en instituciones de educación especial, con personas con discapacidad.

La iniciativa desea otorgarles un sistema especial, tantos en años de aporte como en la tasa de sustitución, con lo cual se hará justicia, según dice la exposición de motivos.

“El proyecto enfatiza que hay alumnos con discapacidad, drogodependientes, con trastornos mentales, etc.; lo cual hace muy delicada la función de estos docentes. El trabajo requiere cualidades especiales y, por qué no decirlo, valentía”, sostuvo la titular del bloque.

Agregó que por su carácter de docente se halla comprometida con normativas del ámbito y que, en este caso en particular, es muy interesante analizar cuestiones que no son tenidas en cuenta en la generalidad de los casos, como la situación de los maestros con discapacidad y de aulas inclusivas.

“Solicitaremos informes al MEC; evaluaremos opiniones, pareces técnicos, y luego avanzaremos en lo que tiene que ver con la labor legislativa, ya con miras al dictamen”, expresó la diputada Giménez.

El documento fue presentado por los diputados Johana Vega (ANR-Central); Luís Federico Franco (PLRA-Central); y Graciela Aguilera (PLRA-Cordillera), con el objeto es hacer justicia con los docentes del magisterio nacional que cuentan con algún tipo de discapacidad, como también con los que prestan servicios en instituciones de educación especial, o que tengan alumnos con capacidades especiales y de educación inclusiva.

La argumentación indica que ciertos ajustes, modificaciones y adaptaciones en la legislación, son necesarios para garantizar a los educadores, con alguna discapacidad, o que implementen planes y programas de la educación inclusiva, acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, cuya base reguladora es de 20 años, según la norma.

Los proyectistas resaltan que en la ley actual se omitió el párrafo correspondiente a la jubilación ordinaria de los mismos.

Pretenden suplir la omisión y revivir el párrafo no transcripto.

En la exposición remarcan la intención de hacer justicia “por el esfuerzo y trabajo desplegados, los cuales son significativamente diferentes al de sus pares y de las personas con necesidades educativas especiales (superdotados; con dificultades de aprendizaje; con trastornos de conducta; con trastornos de lenguaje; entre otros)”.

Se busca lograr la anhelada transversalidad, pues esto conlleva brindar actuaciones y políticas en materia de discapacidad, no solo planes y programas; así como remediar la exclusión a la que fueron expuestos con la derogación de la ley 4.735/12.

La idea es incluir a los docentes del magisterio nacional, docentes universitarios y a los docentes de educación inclusiva (con alguna discapacidad o que implementen planes y programas de la educación inclusiva), como beneficiarios de la jubilación ordinaria, con los siguientes requisitos: a partir de los 28 años de servicio con una tasa de sustitución de 87 %: y de 25 años de servicio con una tasa de sustitución del 83 %.

Ambas tasas de sustitución incluirían un aporte del 5,5 % para la cobertura del seguro médico del IPS.

Además, se establece que a las mujeres se computará, a partir de los 25 años de servicio, un año más de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, hasta el número de tres hijos.

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