(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En reunión ordinaria, la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, donde es presidente el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), estudió el proyecto de ley “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional -De la declaración jurada de bienes y rentas-; y deroga algunos artículos de la Ley N° 5.033/13, y su modificatoria”. Hubo dictamen de aprobación con modificaciones.

La iniciativa fue presentada por los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central); Tadeo Rojas (ANR-Central); Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná); y Avelino Dávalos (ANR-Caazapá).

Tiene el objetivo de mejorar la redacción realizada a la ley original que reglamenta el artículo 104 de la Carta Magna, a fin de solucionar un problema de aplicación jurídica que surgió con la obligación a empresas proveedoras del Estado, y otras prestadoras de servicio, de tener que presentar declaraciones juradas pese a no ser funcionarios públicos.

Además, pretende mejorar lo concerniente al descargo previo de los declarantes, para que no existan dudas acerca de que deben contar con esta posibilidad o realizar manifestaciones sobre cualquier inconsistencia y así garantizar el derecho efectivo de la defensa.

El proyecto regula sanciones administrativas para casos en que los funcionarios no presenten sus declaraciones; lo hagan extemporáneamente; o para los responsables de instituciones que no colaboren con la Contraloría General de la República.

Cabe recordar que este documento fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de esta semana, pero no llegó a ser discutido.

Otro punto analizado fue el proyecto de ley “Que modifica el artículo 52 de la Ley 1.340/98, Que modifica, adiciona y actualiza la Ley N° 357/72, Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines; y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”, y resultó aprobado con modificaciones.

Esto refiere a la destrucción de plantaciones o incineración de sustancias en un plazo de 48 horas (ley actual). La modificación pretende la frase “dentro de los plazos previstos para los anticipos jurisdiccionales de prueba”.

Se apunta a la destrucción o incineración “en un plazo de 30 días luego de asumir el caso”.

Finalmente, hubo visto bueno con modificaciones para la normativa “Que crea la comisión nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”.

La variante se da en la integración, al incorporar un representante del Ministerio Público y otro de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Igualmente, es intención que la presidencia y vicepresidencia sean alternadas por representantes de Diputados y de Senadores.