(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La exitosa operación en la que fue dado de baja el principal líder del autoproclamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en el norte del país; y el posterior escándalo desatado en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, con el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba a ese reclusorio, para que su hermana, recluida en el lugar, pueda despedirlo, fueron temas largamente debatidos en una segunda parte del espacio de los oradores de la sesión extraordinaria de la Cámara Baja.

Varios congresistas repudiaron la falta de un protocolo para este tipo de situaciones y afirmaron que lo acontecido en el Buen Pastor deja la impresión de que las cárceles de nuestro país son manejadas por los convictos.

La vicepresidenta segunda, Norma Camacho (PEN-Central), lamentó la falta de un ordenamiento, situación que vuelve a dejar en evidencia al gobierno, según dijo.

Insistió en la necesidad de trabajar por políticas públicas que sean eficientes para una mejora integral de la administración pública.

“Es inadmisible la situación de privilegio que se ha dado. No hemos recibido explicación alguna sobre el hecho y lamentamos la afrenta hacia las personas que hoy tienen familiares secuestrados”, refirió.

En la misma línea se pronunció la diputada Kattya González (PEN-Central), quien acotó que la clase política tiene una gran deuda con el sistema penitenciario y de seguridad.

Afirmó que la serie de denuncias y el significativo aumento de la criminalidad hablan a las claras de esta situación.

El legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), seguidamente, destacó el trabajo realizado por el CODI y señaló que, incluso, es necesario el fortalecimiento y la expansión de funciones de dicha agrupación, para avanzar en el combate contra los delincuentes que desde hace años mantienen en zozobra al norte del país.

También se refirió al hecho registrado en la cárcel de mujeres y se adhirió al reclamo a las autoridades del Poder Ejecutivo, exigiendo explicaciones.

La diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), líder de la bancada oficialista, resaltó el exitoso operativo en el que fue dado de baja Osvaldo Villalba.

Enfatizó que se trató de un duro golpe contra el grupo terrorista: el más importante en muchos años y varios gobiernos.

En tanto, la congresista Celeste Amarilla (PLRA-Capital), lamentó el actuar del grupo criminal, al recordar que en este último episodio procedieron a la tortura de indígenas, sin piedad alguna.

Manifestó que el último abatido lleva en sus espaldas más de 70 muertes y calificó de cobardes a quienes atacaron sin contemplación a estas personas en estado de vulnerabilidad (comunidad indígena).

Acerca del episodio en el reclusorio, el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), sostuvo que no hay que olvidar la inadmisible corrupción que impera en las cárceles, donde el crimen organizado tiene el verdadero poder.

Dicho episodio también generó el reclamo del legislador Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), quien calificó de incapaz al Poder Ejecutivo.

"La lucha contra la inseguridad debe estar liderada por el Presidente de la República, pero ahora lo escuchamos solamente en su campaña política; le preocupa más ganar una elección que dirigir el país", esgrimió.

La legisladora Rocío Vallejo (PPQ-Central), habló de una ausencia de políticas de Estado y de una falta de determinación en las autoridades penitenciarias.

En otro momento, el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), pidió diferenciar correctamente las políticas de estado de las políticas de gobierno.

Recordó que la problemática del EPP lleva años y que no es de solución de corto plazo. Ejemplificó la situación de otros países, en tal sentido, ya que tuvieron o tienen situaciones similares.

“La lucha contra el grupo organizado llevará tiempo aún”, aseguró.

Finalmente, otros diputados criticaron que Carmen Villalba no esté recluida en una cárcel de máxima seguridad y que cuente con privilegios, como quedó evidenciado.

La congresista Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), añadió que lo lógico es que la señora Villalba esté en reclusión de máxima seguridad e incomunicada. Coincidió en que los privilegios expuestos son inadmisibles.

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), destacó el trabajo de los efectivos que componen el CODI pero tampoco guardó críticas sobre lo sucedido con el féretro del terrorista abatido.

Dijo que falta gobernanza en Paraguay.

“Los grupos criminales, hoy en día, tienen más derechos que los propios ciudadanos de bien”, reflexionó, por último, el legislador Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa).