(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). Esta mañana, diputados representantes de diversas bancadas, convocaron a una conferencia de prensa y procedieron a la firma del libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez. El texto cuenta con 89 páginas, 2.500 documentos respaldatorios y 9 causales, las cuales serán ampliadas, según informó el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

La ampliación es debido a que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), envió al Congreso los informes requeridos por la Comisión Permanente, donde consta, según los propulsores del documento, que a fines de 2019 la institución entregó a la Fiscalía, una serie de documentos relativos a las denuncias hechas por el ministro Arnaldo Giuzzio, sin recibir retorno alguno del Ministerio Público.

“Es sustancial saber que algo tan grave como eso no haya tenido el actuar de la fiscalía en dos años”, remarcó.

Entre las causales actuales figuran: Impunidad en el caso Metrobus; impunidad en el caso Darío Messer; protección a la delincuencia internacional; denuncia del ministro Arnaldo Giuzzio ante la Comisión Permanente, sobre supuesto esquema de lavado de activos, contrabando y asociación criminal; parcialidad y arbitrariedad selectiva; caso Rodrigo Quintana y atropello a sede del Partido Liberal; Ineficiencia y negligencia en gestión administrativa financiera; impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones; y finalmente, inacción y negligencia en causas de corrupción, contrabando y otros delitos.

Grave deterioro de la Fiscalía

A su turno, la diputada Kattya González (PEN-Central), aseguró que el Ministerio Público hizo lo que quiso para proteger “a grandes delincuentes de cuello blanco en Paraguay”.

Sostuvo que la unión de legisladores para presentar el libelo, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, se da debido al proceso de franco deterioro institucional del Ministerio Público.

Por su parte, su colega, Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), pidió el acompañamiento de todos los congresistas, y remarcó que la ley es para todos, sin diferencia. “No debe haber leyes para los poderosos, si existe una diferencia es por culpa de quienes aplican la ley”, subrayó.

Se estima que esta semana, el documento tenga mesa de entrada oficial en la Cámara Baja.

Participaron del acto oficial de firma del texto, además de los legisladores ya mencionados, los diputados: Edgar Acosta (PLRA-Central), Ángel Paniagua (ANR-Central), Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), Norma Camacho (PEN-Central), Jazmín Narváez (ANR-Central), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), Tito Ibarrola (PPH-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Central), Hugo Ramírez (ANR-Capital), Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú); Carmen Giménez de Ovando (ANR-San Pedro), Eri Valdez (PLRA-Cordillera) y Carlos Núñez Salinas (ANR-Central).

Cabe recordar que, según el artículo 225 de la Constitución Nacional “Del Juicio Político”, enlista a ciertos cargos electivos y de confianza para ser removidos por esta vía, entre ellos, figura el Fiscal General del Estado.

Asimismo, especifica que la acusación debe ser formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos.

En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.