(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados no reunió los votos necesarios para aprobar el nuevo proyecto de resolución que tenía por objetivo el juicio político de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. La intención obtuvo 47 votos a favor; 27 votos en contra; y tres votos en blanco (hubo tres ausencias).

Así las cosas, fue remitido al archivo el documento “Por el que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”, que fuera presentado por los diputados Pastor Vera (PLRA-San Pedro); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); Emilio Pavón (PLRA-Concepción); Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa); Sergio Rojas (PLRA-Central); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); y Ariel Villagra (PLRA-San Pedro).

La iniciativa contaba con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayoría, por la aprobación; y en minoría por el rechazo; mientras que el principal sustento de acusación era el de “mal desempeño de funciones en el ejercicio del cargo”.

El legislador Vera Bejarano fue el encargado de sintetizar los argumentos favorables al juicio político.

Indicó que a todas las causales ya debatidas a profundidad en su momento (anteriores pedidos de juicio político), se agregaron nuevos méritos para asumir la decisión de enjuiciar a Quiñónez Astigarraga.

Comentó que fueron agregados como nuevos elementos, la inacción de la Fiscalía ante la declaración del ex presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, como “significativamente corrupto”, por parte de los Estados Unidos de América.

Igualmente, mencionó como nueva causal un informe de la Fundación InSight Crime, que señala el vínculo del mencionado ex mandatario con el crimen organizado.

A su vez, el parlamentario detalló aspectos que hacen a “la absoluta inacción y comprobada falta de investigación con referencia a Sebastián Marset”, prófugo, hasta el momento, con vínculos en los sonados casos “Smart” y “A Ultranza PY” (narcotráfico).

Luego de los argumentos detallados hicieron uso de palabra otros diputados como Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); y Derlis Maidana (ANR-Misiones).

El primero habló de “un atentado contra la institucionalidad”, y acusó a varios sectores de querer tener “una fiscal general a medida”.

Instó a sus colegas, seguidamente, a votar en contra de la solicitud.

Por su parte, Maidana, en concreto, pidió que se pase a votar ya que todas las posturas estaban asumidas y eran ampliamente conocidas por la opinión pública.

La votación se desarrolló en forma nominal y, finalmente, el proyecto de resolución fue remitido al archivo.