(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto de ley “De no retención de la totalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las personas físicas contratadas por las municipalidades, cuando no sean profesionales y no estén inscriptas en el Registro Único del Contribuyente (RUC), que perciban una remuneración inferior al salario mínimo legal vigente previsto para actividades diversas no especificadas”.

Es intención de la proyectista paliar la inequidad que, entiende, surge al momento en que las municipalidades proceden a retener el 100% del IVA, a las personas contratadas por ellas, cuando no sean profesionales, no se encuentren inscriptas en el RUC y que perciban un salario muy inferior al salario mínimo legal.

“Muchas personas contratadas por las municipalidades, perciben un salario muy inferior al mínimo mensual previsto y, claramente, dichas remuneraciones no pueden ser equiparadas, bajo ningún concepto, con las de aquellos funcionarios que perciben por encima del referido salario mínimo legal; muchos empleados municipales que se hallan en tales condiciones, cuentan con cada guaraní que perciben mensualmente para vivir, y una retención en tales condiciones implica, prácticamente, un carácter confiscatorio sobre los mismos”, dijo al respecto la diputada.  

El proyecto plantea para aquellas personas contratadas, no profesionales, que perciben un salario inferior al mínimo, que el Ministerio de Hacienda implemente o reglamente otro mecanismo más accesible y amigable para el pago o la retención del IVA.

El documento, de un solo artículo, establece que: “Las Municipalidades no retendrán el ciento por ciento (100%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en carácter de pago único y definitivo a las personas físicas contratadas por ellas, cuando no sean profesionales y no se encuentren inscriptas en el Registro Único del Contribuyente (RUC), cuando estas personas perciban en concepto de remuneración o salario una suma inferior al salario mínimo legal vigente previsto para actividades no especificadas en la República”.

La diputada Torres justifica su proyecto en lo que establece la Constitución Nacional. “La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país”.

Por otro lado, menciona la alta precarización en el empleo público, y que ella va en contra de los derechos humanos de los trabajadores al privarles de varios derechos laborales y beneficios de quienes ocupan cargos permanentes en la Administración Pública.

“Y si sumamos a ello, la mala paga, o una paga inferior a los previsto mensualmente en concepto de salario mínimo, la situación se agrava para el empleado público contratado”, dice parte del documento.  

El proyecto, tras su ingreso, al circuito legislativo, fue remitido, para su estudio, a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y en la de Asuntos Municipales y Departamentales.