Luz verde para que salario de actuarios judiciales se ajuste a disposiciones legales

Publicado el: 31/10/2023 14:17

Presupuesto 02 850.jpg(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que modifica y amplía la programación de ingresos, gastos y anexo del personal del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, aprobado por Ley Nº 7050, de fecha 4 de enero de 2023 – Corte Suprema de Justicia”.

Esta iniciativa, con media sanción de la Cámara de Senadores, prevé una ampliación de G. 5.550.419.810 y fue presentada a los efectos de hacer efectivo lo dispuesto en la Ley N° 7000/2022 "Que modifica el Art. 1º de la Ley N° 4992/2013 "Que reglamenta, modifica y amplia las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial", en donde se establece cuanto sigue:

"... Los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la presente ley, percibirán un salario mensual equivalente al 60% (sesenta por ciento), del salario correspondiente a jueces de Primera Instancia de la República del Paraguay, más las bonificaciones correspondientes al cargo".

La ampliación, se prevé, beneficiará a 849 funcionarios que ostentan el cargo de

En la exposición de motivos se explica que, actualmente, los jueces de Primera Instancia perciben como ingreso mensual en dos conceptos: salario y bonificación por responsabilidad en el cargo.

En el segundo caso, los actuarios no perciben en ese concepto, por lo que, según el documento, correspondería la creación de una categoría exclusiva para los actuarios judiciales con una asignación mensual de G. 2.175.000 por cargo.

Otra ampliación presupuestaria para la CSJ

Presupuesto 03 850.jpgPor otro lado, la comisión asesora de Presupuesto decidió solicitar un informe técnico al Ministerio de Economía y Finanzas, con relación a otro proyecto de ampliación presupuestaria, también para la Corte Suprema de Justicia.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplía la programación de ingresos, gastos y anexo del personal del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023, aprobado por Ley Nº 7050, de fecha 4 de enero de 2023 – Corte Suprema de Justicia”.

Este caso, en particular, refiere a una iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional, que prevé una ampliación de G. 9.456.817.500, en la fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley N° 6964/2022.

El mencionado Art. 2° de la Ley N° 6964/2022, recordemos, establece el régimen salarial, determinando que los actuarios especializados de los juzgados de Paz con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal y de la Niñez y Adolescencia, percibirán salarios y emolumentos no inferiores a los percibidos en esos conceptos por los actuarios judiciales de Primera y Segunda Instancia de nuestro país.

La exposición de motivos señala en el presente ejercicio fiscal, se cuenta con 325 secretarios de juzgados de Paz en el Anexo del Personal, y que efectuando las proyecciones el costo total proyectado por 12 meses, más aguinaldo, ascendería a un monto total G. 29.370.510.000.

No a habilitación de unidades especiales para adictos

Por último, la comisión asesora decidió recomendar a la plenaria de Diputados aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley “Que dispone la habilitación de unidades especializadas para la atención, tratamiento y rehabilitación de personas afectadas a la adicción de drogas, dentro de los hospitales regionales situados en las capitales departamentales”.

El propósito de este proyecto, recordemos, es establecer es habilitar unidades especializadas en atención, tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por la adicción de drogas, en los hospitales regionales situados en las capitales departamentales del país.

Según explicaciones brindadas por la presidenta de la Comisión de Presupuesto, el rechazo de Senadores es para evitar una sobrelegislación, atendiendo que lo planteado en el proyecto ya se encuentra contemplado en la ley 7018/2022 “De salud mental”, en los artículos 4º inc. a); 5º; 12; y 15.

Además, sumado a esto, se recordó que, recientemente (junio 2023), se aprobó la ley 7104/2023 “Que declara Emergencia Nacional en materia de consumo de drogas psicoactivas en todo el territorio de la República del Paraguay”, donde la autoridad responsable para implementar las acciones correspondientes es el Ministerio de Salud.

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