(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). A instancias de la diputada Kattya González (PEN-Central), la Comisión Permanente del Congreso Nacional, aprobó un pedido de informes al Ministerio del Interior -Dirección General de Migraciones-, sobre el ingreso al país de personas con antecedentes penales internacionales relacionados a hechos punibles contra menores.

El pedido se da luego de la reciente detención del ciudadano alemán, Wilfried Rudolf Frankes, por supuestos hechos de pornografía infantil. “Se hace necesario aclarar cómo ingresó al país este y otros ciudadanos, sindicados de cometer hechos punibles de pornografía infantil y delitos conexos”, indicó la congresista en la exposición de motivos.

La diputada González recodó las declaraciones de la fiscal Irma Llano, quien explicó que, en la documentación presentada durante su ingreso al país, el mismo no contaba con antecedentes, pero que luego de la colaboración de la Policía alemana, se supo que el sujeto contaba con antecedentes penales por la comisión de los mismos hechos en su país.

“Si se confirman estos datos, urge que la institución requerida brinde una explicación de lo que está realizando al respecto del control sobre las personas que ingresan al país, pues, este no sería el único caso de habilitaciones irregulares por parte de Migraciones”, señaló.

Entre los puntos a informar, figura la situación de ingresó al país de Wilfried Rudolf Frankes, proceso de verificación de autenticidad de los documentos, la estrategia a partir del caso, para verificar los antecedentes de extranjeros que solicitan el ingreso al país, entre otros.

Desapariciones forzosas de niños y adolescentes

En la misma línea, la diputada promovió un pedido de informes al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sobre casos de pornografía infantil y desapariciones forzosas de niños, niñas y adolescentes en Paraguay.

La legisladora habló de la alarmante cifra dada por la fiscal Llano, sobre un registro de 400 desapariciones registradas el año pasado. Por ello, ambas instituciones deberán informar sobre la  cantidad de denuncias sobre desaparición de niños, niñas y adolescentes desde enero de 2021 a febrero de 2022 y estado de las mismas.

También, identificación de zonas del país donde ocurrieron las desapariciones, edad de los niños y si las denuncias fueron realizadas por familiares, vecinos u otros, además, del estado, avance, etapa o resultado de la investigación.

Asimismo, se requieren datos sobre las acciones que se han realizado para el esclarecimiento de las desapariciones, estrategias de articulación entre el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para combatir estos hechos y, finalmente, la relación entre estas desapariciones de menores con las redes de pedofilias que operan en el país o fuera de él.