Caja Fiscal: Reforma busca evitar que déficit llegue a USD 800 millones en los próximos cinco años

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión Permanente del Congreso, presidida por el senador Colym Soroka, se reunió con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asociaciones y gremios de la producción, así como con economistas de diversos sectores, con el objetivo de analizar los alcances del proyecto de ley "Que establece medidas para la Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Reforma de la Caja Fiscal)".

Impacto fiscal de la reforma

Técnicos del MEF señalaron que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional tendrá un impacto positivo en la Caja Fiscal durante los próximos cinco años. 

Advirtieron que, de no concretarse esta reforma, se estima un déficit (en los próximos cinco años) cercano a los USD 800 millones, que deberá ser cubierto con impuestos. En cambio, con la implementación de la reforma, se espera reducir significativamente ese crecimiento acelerado del déficit a niveles más sostenibles.

En ese contexto, se recordó que el déficit de la Caja Fiscal en 2025 ascendió a USD 380 millones, equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa aproximadamente la mitad del déficit máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), fijado en 1,5%.

Asimismo, se explicó que, si bien actualmente el Estado financia con recursos tributarios el déficit del Programa No Civil, las proyecciones actuariales indican que, de mantenerse las reglas vigentes, a partir de 2028 también el Programa Civil requerirá financiamiento con fondos del Estado.

 Consenso entre economistas

Los principales economistas presentes coincidieron en que los datos presentados por el MEF son claros y contundentes, y aplaudieron que este tema sea puesto en debate en la actualidad, tras haber sido postergado durante años.

En cuanto a las disposiciones contempladas en el proyecto de reforma, se detalló que la iniciativa establece una edad mínima de acceso a la jubilación para los sectores de magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares. 

Además, incorpora una regla de acceso gradual para policías y militares, que va desde los 20 hasta los 35 años de servicio.

El proyecto prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22%, distribuido en un 19% a cargo del trabajador y un 3% del Estado. 

También incorpora tablas de sustitución que incentivan una mayor permanencia laboral y mayores aportes al sistema, con tasas que inician en el 50% y pueden alcanzar hasta el 100% en el caso de policías y militares.

Asimismo, establece una base de cálculo homogénea que toma como referencia el promedio de los últimos cinco años de aportes, junto con un mecanismo uniforme de actualización de los haberes jubilatorios para todos los sectores, basado en la variación anual del salario mínimo legal vigente.

Finalmente, se aclaró que el personal de blanco y el personal administrativo quedan fuera de esta propuesta, ya que sus regímenes entrarán en déficit recién a partir de 2033 y 2026, respectivamente.

 Participantes de la jornada

Entre los economistas invitados estuvieron Manuel Ferreira, Germán Rojas, Wildo González, Jorge Garicoche, Daniel Correa González, Amílcar Ferreira y Manuel Alarcón.

También participaron el Dr. Jorge Bernardes, presidente del Club de Ejecutivos; el Dr. Daniel Prieto Davey, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); la Dra. Paula Carro, gerente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay; el Dr. Richard Petters, miembro titular de dicha cámara; el Dr. Lindemar Cesca, presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS); y la Ing. Patricia Ruiz Díaz de Florentín, vicepresidenta de la APS, entre otros representantes.