(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados aprobó, durante su última sesión ordinaria, una iniciativa impulsada por el legislador Arnaldo Valdez (PLRA–Misiones), “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores - Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a la reactivación de las obras de construcción del Brazo Aña Cuá”.

El documento aprobado resalta la imperiosa necesidad de impulsar el desarrollo económico, energético y social de la región sur del país, afectada directamente por la paralización de estas obras estratégicas para la República del Paraguay.

En sus consideraciones, el legislador advierte que el cese de actividades en el proyecto Aña Cuá representa un retroceso no solo económico, sino también energético y social, afectando la seguridad energética nacional, la dinámica laboral en la ciudad de Ayolas y zonas aledañas, así como la integridad de una obra binacional que ya cuenta con más del 40% de avance y una inversión superior a los 200 millones de dólares.

La Central Aña Cuá, según datos técnicos, permitirá incrementar en un 10% la capacidad de generación energética de la hidroeléctrica Yacyretá.

“Esto se traducirá en ingresos anuales superiores a 80 millones de dólares para el país, mediante el aprovechamiento del caudal ecológico actualmente desaprovechado, cuyo potencial energético representa una pérdida estimada de hasta 90 millones de dólares al año”, según la exposición de motivos del proyecto. 

Sostiene, además, que se trata de una iniciativa ambientalmente sostenible, financieramente viable y geopolíticamente estratégico para ambas naciones.

Además del beneficio económico y energético, el impacto social es significativo, asegura el proyectista. 

Agrega que la reactivación de las obras permitirá generar empleo directo e indirecto para más de mil familias, lo que resulta clave en el contexto de inestabilidad laboral y económica que atraviesa el país. 

El documento explica que la binacional, actualmente, cuenta con las condiciones reales para su reanudación, entre ellas, un reciente acuerdo binacional que garantiza la disponibilidad de fondos para cubrir las obligaciones pendientes, y la definición de una tarifa energética justa, estimada en 28 dólares por MWh, que asegura la viabilidad financiera del emprendimiento sin comprometer los recursos públicos.

El legislador también alertó sobre las consecuencias de una prolongación de la paralización, que podría derivar en la rescisión de contratos, la judicialización del conflicto y la degradación irreversible de infraestructuras ya ejecutadas.