Promueven pedidos de informes a la SEN y el INDI respecto a la atención brindada a comunidades indígenas

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización sobre las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios, el diputado Carlos Godoy (ANR-Caaguazú), presentó dos proyectos de resolución mediante los cuales solicita informes a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN); y al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Los documentos se centran en la implementación de la Ley Nº 6319/2019, que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas pertenecientes a los 19 pueblos asentados en distintos departamentos del territorio nacional.

Según fundamentos, estas comunidades continúan enfrentando importantes desafíos estructurales vinculados al acceso a tierras, servicios básicos, salud, educación, alimentación, vivienda y protección de sus derechos colectivos, pese a los esfuerzos impulsados por diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

La Ley Nº 6319, promulgada con el propósito de atender la vulnerabilidad social, sanitaria, alimentaria y territorial que afecta históricamente a numerosos pueblos indígenas, establece la obligación del Estado de desarrollar acciones urgentes y coordinadas para garantizar condiciones de vida dignas y el pleno ejercicio de sus derechos.

En ese contexto, se considera indispensable que el Poder Legislativo cuente con información oficial, actualizada y verificable sobre el grado de cumplimiento de esta normativa, así como respecto a los recursos destinados a su ejecución y los resultados alcanzados.

El pedido a la SEN requiere un informe pormenorizado sobre programas, planes y acciones en el marco de la ley; y cantidad de comunidades asistidas, discriminadas por departamento y pueblo indígena.

También acerca de los recursos presupuestarios asignados y ejecutados; las medidas desarrolladas por el equipo interinstitucional previsto en la normativa; la situación actual de las comunidades beneficiarias; y las principales dificultades encontradas para la implementación de la norma.

Por su parte, el requerimiento al INDI solicita detalles sobre las acciones institucionales desarrolladas desde la promulgación de la ley, el alcance de la asistencia brindada a las comunidades, la ejecución de recursos financieros y la eventual conformación del equipo de trabajo intergubernamental.

Pide especificar programas de asistencia alimentaria, sanitaria, educativa, acceso al agua potable, infraestructura y otras medidas.

La intención es contar con una evaluación de los resultados, conocer las limitaciones, así como las acciones previstas para fortalecer la protección y el acompañamiento a las comunidades indígenas en situación de emergencia.

Los documentos deben ser discutidos en las comisiones y luego puestos a consideración del plenario de la Cámara Baja.