Dictamen positivo para aprobar extensión de beneficios a víctimas colaterales de feminicidios

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), brindo dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 7349/2024 “De Pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia”.

La propuesta, según la exposición de motivos, busca eliminar una restricción que considera discriminatoria en la normativa actual, que limita el beneficio únicamente a los descendientes del autor del feminicidio u homicidio del progenitor.

Esta limitación, agrega el documento, deja desprotegido a un amplio grupo de menores que, sin ser descendientes directos del perpetrador, son víctimas directas de la misma violencia familiar. Entre ellos cita a hijastros, menores adoptados de facto o cualquier niño que convivía y dependía emocional y económicamente de la figura parental asesinada.

En esencia, el proyecto modifica el artículo 1° de la ley mencionada, eliminando la referencia específica a “descendientes del autor” y ampliando la protección a todas las “víctimas colaterales de feminicidio u homicidio del progenitor en un contexto de violencia familiar” que hayan quedado en estado de vulnerabilidad.

Agrega el documento que esta normativa es un avance significativo que garantiza el cumplimiento del Artículo 54 de la Constitución Nacional, y se alinea con el Artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece el principio del interés superior del niño como consideración primordial en toda medida concerniente a la infancia.

“La vulnerabilidad en estos casos no se limita a lazos de consanguinidad con el perpetrador, sino que abarca la pérdida de un referente parental, el desamparo económico y emocional, y la afectación de su desarrollo integral”, expresa parte de la exposición de motivos. 

El proyecto busca adoptar esta modificación, no solo en un acto de justicia social, sino que también representa una inversión en el futuro de la sociedad, al proteger a todos los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad afectados por la violencia, evitando la perpetuación de ciclos de pobreza y exclusión.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.