Visto bueno general para aumentar penas en delitos vinculados a la corrupción

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). El proyecto de ley “Que modifica los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley N° 1.160/1997, Código Penal, y su modificatoria, Ley Nº 3.440/2008, que modifica varias disposiciones de la Ley Nº 1.160/97, Código Penal; y los artículos 3°, 4°, 7° y 8° de la Ley Nº 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, fue aprobado en general por la Cámara Baja.

La normativa en cuestión fue presentada por el diputado Daniel Centurión (ANR-Capital) y dictaminada por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, favorablemente.

Cabe señalar que al efecto de un minucioso análisis de todos los detalles que forman parte de esta propuesta, el estudio en particular fue finalmente postergado.

Las comisiones asesoras, el proyectista y la mesa directiva, ultimarán aspectos y definirán fecha de prosecución.

El objetivo es endurecer severamente los castigos contra la corrupción pública y privada en nuestro país, proponiendo penas carcelarias máximas de hasta 15 y 25 años para ciertos delitos.

La idea es modificar artículos considerados clave de la Ley Nº 1160/1997 - Código Penal, y de la Ley Especial Nº 2523/2004, sobre enriquecimiento Ilícito y tráfico de influencias.

Durante su fundamentación, el legislador Centurión pidió el apoyo del pleno y explicó que la propuesta incrementa sanciones para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Entre las principales modificaciones, se establece que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. 

En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.

El presidente de la Cámara Baja, diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), señaló que “la corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”.

Agregó que es necesario trabajar en el sistema “para que verdaderamente pueda existir justicia en Paraguay: una justicia equilibrada y oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”.

Según expuso, la clase política debe realizar gestos y señales claros que demuestren voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad.

“Es en ese espíritu que anticipo nuestro acompañamiento a este proyecto que busca elevar las penas para quienes cometen actos de corrupción”, dijo.

Los legisladores Pedro Gómez (PLRA-Central) y Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú), celebraron la propuesta.

Enfatizaron lo relativo a elevar penas por cohecho pasivo hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes. 

El prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años.

El diputado Aguilera sostuvo que es necesario “cambiar el chip” de quienes deben cumplir y hacer cumplir las normas.

Para el diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), se trata de un proyecto muy necesario. 

Habló de aprobarlo en general y sugirió el tratamiento en particular para más adelante, a fin de consensuar detalles, teniendo en cuenta algunos planteamientos.

Los diputados Jorge Ávalos (PLRA-Paraguarí) y Miguel del Puerto (ANR-Caaguazú), secundaron la moción.

Cabe decir que la iniciativa también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.

Hubo coincidencia en la necesidad de endurecer el marco penal frente a hechos de corrupción, particularmente cuando existe participación de funcionarios públicos, perjuicio al patrimonio estatal o aprovechamiento indebido de la función pública.