Iniciativa busca regularizar tenencia de tierras expropiadas en “Antebi Cué”

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Un grupo de 14 legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que establece el régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles expropiados por la Ley Nº 517/95”, con el propósito de ordenar la situación jurídica y ocupacional de las tierras expropiadas en 1995, destinadas a beneficiarios de la Reforma Agraria.

La iniciativa busca dar una solución a la situación irregular que persiste desde hace casi tres décadas en las tierras expropiadas de Antebi Cué, que abarcan unas 267.836 hectáreas en los distritos de Concepción y Amambay. 

El documento menciona que entre las principales dificultades identificadas se encuentran la falta de titulación, la ausencia de relevamientos técnicos actualizados, la falta de pago por la ocupación y la presencia de personas que no reúnen las condiciones legales para acceder a los beneficios de la Reforma Agraria.

En ese sentido, la propuesta plantea establecer un régimen especial y transitorio que permita concluir el proceso de regularización, mediante la identificación de los ocupantes y la verificación de su condición de sujetos de la Reforma Agraria, además de exigir informes técnicos y sociales antes de cualquier adjudicación, transferencia o fijación de precios.

El proyecto establece que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la elaboración de informes que contemplen la identificación de los ocupantes, el cumplimiento de los requisitos del Estatuto Agrario, la actividad productiva desarrollada, la existencia de adjudicaciones anteriores, el uso efectivo de los inmuebles, la aptitud productiva del suelo y una tasación oficial actualizada.

El proyecto también establece la obligatoriedad de realizar un relevamiento técnico y social previo a cualquier proceso de fijación de precios o transferencia de los inmuebles. Para ello, el INDERT deberá elaborar un informe que contemple la identificación del ocupante, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto Agrario, la actividad productiva desarrollada, la existencia de adjudicaciones anteriores y la situación de ocupación y uso efectivo de las parcelas.

Asimismo, el documento deberá incluir un estudio de suelo y de aptitud productiva, además de una tasación oficial actualizada. La propuesta dispone expresamente que, sin este informe, no podrá avanzarse en ninguna etapa del proceso de regularización.

En ese sentido, se plantea un costo de G. 5.000 por metro cuadrado para los lotes urbanos. Para las parcelas ganaderas o agrosilvopastoriles, los valores serán de G. 2.000.000 por hectárea para superficies de hasta 50 hectáreas; G. 3.000.000 por hectárea para aquellas de entre 50 y 150 hectáreas; y G. 5.000.000 por hectárea para extensiones de entre 150 y 500 hectáreas. Asimismo, los lotes ubicados sobre la ruta PY tendrán un incremento del 40 % en concepto de plusvalía.

Por otra parte, el artículo 7 establece que los inmuebles ocupados por personas que no reúnan los requisitos para ser consideradas beneficiarias serán comercializados a precio de mercado, de acuerdo con la tasación oficial vigente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que correspondan.

En tanto, los lotes ocupados por personas que no califiquen como beneficiarias deberán ser comercializados a precio de mercado, conforme a la tasación oficial vigente del MOPC, sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que correspondan.

Asimismo, la propuesta contempla que los recursos obtenidos por la regularización sean depositados en el Banco Nacional de Fomento y distribuidos de la siguiente manera: el 60 % para la adquisición de nuevas tierras o el pago de deudas por compra de inmuebles; el 20 % para el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (FIDES), destinado a infraestructura, y el 20 % restante para gastos corrientes del INDERT.

Finalmente, el proyecto incorpora disposiciones vinculadas a la seguridad fronteriza, al establecer la prohibición de adjudicar o vender parcelas en contravención a la Ley Nº 2532/2015.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Asuntos Municipales y Departamentales; Desarrollo Social, Población y Vivienda; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, y Bienestar Rural, para su estudio y dictamen.