(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En sesión ordinaria de la fecha, la Cámara de Diputados concedió media sanción al proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por Acuerdo Nacional, en el marco de la Ley N° 3001/06”.          

Según la exposición de motivos, esta iniciativa busca fortalecer la Ley Nº 3001/06 (una ley existente sobre servicios ambientales) mediante una nueva obligación: que todas las instituciones y empresas estatales adquieran Certificados de Servicios Ambientales cuando contraten obras o realicen actividades que generen un alto impacto al medio ambiente. 

El diputado Jorge Barressi (ANR-San Pedro), en su carácter de presidente de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible, y como uno de los proyectistas del documento, explicó que los Certificados de Servicios Ambientales son instrumentos que reconocen y compensan, económicamente, a quienes protegen y conservan ecosistemas como bosques, cuencas hidrográficas, etc.

Agregó que el mecanismo propuesto es la adquisición, exclusivamente, mediante "Licitación por Acuerdo Nacional", que es una modalidad especial de contratación pública, donde varios organismos estatales se unen para hacer compras conjuntas.

“Utilizan criterios y documentos estandarizados, es decir un mismo pliego de bases y condiciones para todos; se coordinan procesos de contratación en lugar de que cada entidad actúe por separado”, indicó el legislador. 

Explicó, por otro lado, que este  tipo de procesos evita que cada institución deba hacer su propia licitación, lo que significa reducción de costos, teniendo en cuenta que la compra conjunta es más económica. Dijo, además, que ofrece una mayor transparencia al tener procesos estandarizados y obligaciones estrictas de publicación y justificación técnica.

El legislador solicitó al pleno la aprobación del documento teniendo en cuenta el dictamen de la comisión asesora a su cargo, la cual, finalmente, introdujo modificaciones de forma y otras recomendadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a modo de “perfeccionar el proyecto”.

“El sistema propuesto fortalecerá la transparencia, la eficiencia del gasto público y dinamización del mercado de servicios ambientales, canalizando recursos hacia quienes protegen ecosistemas claves en Paraguay”, subrayó. 

Tras la votación pertinente, la Cámara Baja dio media sanción al documento, el cual es enviado a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Sobre el proyecto

La iniciativa busca superar obstáculos actuales como la falta de previsión presupuestaria y la ausencia de un mecanismo estandarizado para la implementación de la citada normativa, según exposición de motivos. 

El planteamiento se basa en el principio de “quien impacta, compensa”, asignando a las instituciones públicas la responsabilidad directa de mitigar y compensar el impacto ambiental generado por proyectos de gran envergadura.

El proyecto establece que la obligación alcanza a todos los organismos y entidades del Estado, incluyendo ministerios, secretarías, gobernaciones, municipalidades, entes autónomos o autárquicos, así como empresas públicas y sociedades con mayoría accionaria estatal. 

Las actividades comprendidas son aquellas clasificadas como de alto impacto ambiental, conforme a la categorización establecida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.