Próxima sesión ordinaria de Diputados contempla el estudio de 25 proyectos de ley
Publicado el: 09/12/2024 19:00
Comisión Permanente
Como primer punto del orden del día, la plenaria de Diputados analizará la propuesta de designación de 12 diputados nacionales para miembros titulares y 6 diputados nacionales para miembros suplentes, que integrarán la comisión permanente del Congreso Nacional, período legislativo 2024-2025, de conformidad al artículo 218 de la Constitución Nacional.
En efecto, el mencionado artículo constitucional establece cuanto sigue: “Quince días antes de entrar en receso, cada cámara designará por mayoría absoluta a los senadores y a los diputados quienes, en número de seis y doce como titulares y tres y seis como suplentes, respectivamente, conformarán la Comisión Permanente del Congreso, la cual ejercerá sus funciones desde el comienzo del período de receso del Congreso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias”.
Agrega que, “reunidos los miembros titulares de la Comisión Permanente, designarán Presidente y demás autoridades, y de ello se dará aviso escrito a los otros poderes del Estado”. En esta ocasión, la presidencia corresponde a un diputado nacional.
Registro Unificado Nacional (RUN)
Otro de los temas que figura en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, es el proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.
El proyecto del RUN, que se encuentra en su cuarto trámite constitucional, propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Según la exposición de motivos, este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.
Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.
En el segundo trámite constitucional, luego de la aprobación de Senadores, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones y envió de vuelta el proyecto a la cámara de origen.
La Cámara de Senadores, en el tercer trámite constitucional, se ratificó en los artículos 122 y 126, y aceptó las demás modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Violencia contra la Mujer
Otro de los puntos que figura en el orden del día para la sesión ordinaria próxima es el proyecto de ley “Que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer”.
El presente proyecto pretende fortalecer la implementación de la Ley N° 5.777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”. De esta manera, busca un proceso ágil y especializado que no revictimice a las mujeres ante estos hechos, según la exposición de motivos.
El documento establece la creación de una jurisdicción especializada en violencia contra las mujeres, compuesta por juzgados de Primera Instancia y tribunales especializados en esta materia, para entender y decidir en las causas que surjan como consecuencia de hechos de violencia.
Se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras la media sanción que le dio al documento la Cámara de Senadores.
Carta Orgánica del IPS
Igualmente, la Cámara de Diputados analizará, en ocasión de la sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”.
Esta iniciativa busca modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
El documento proveniente del Poder Ejecutivo, se centra en el cambio en el período de cálculo de las jubilaciones, extendiéndolo de 36 a 120 meses (de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación).
También prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Según el documento, para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100% del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.
En cuanto a la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80% que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60% del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
También prevé el fortalecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad. La propuesta establece un incremento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS, con un aumento en el aporte que alcanzará un 12% en un plazo de cinco años.
Por otro lado, para las jubilaciones por invalidez, el proyecto propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por el IPS.
Se encentra en su primer trámite constitucional.
Armas de fuego
El orden del día de la sesión ordinaria de Diputados incluye, además, el estudio del proyecto de ley “De armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”.
Esta propuesta de ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, tiene como objetivo establecer definiciones, normas y requisitos para la fabricación, ensamblaje, importación, exportación, distribución, comercialización, traslado, tenencia, propiedad, transporte y portación de armas de fuego y sus componentes.
Además, regula los accesorios controlados, su clasificación y las autoridades competentes, así como el tránsito internacional en territorio nacional.
Contempla, por otro lado, el régimen de talleres de armería, recarga de municiones, polígonos de tiro y centros de instrucción para el manejo seguro de armas de fuego, servicios de vigilancia y seguridad privada, sanciones administrativas y judiciales, y el destino y custodia de las incautaciones.
Además, establece los requisitos para la portación de armas, entre ellos, un certificado médico de aptitud psicofísica, legalizado por el Ministerio de Salud, y la ausencia de antecedentes policiales relacionados con violencia, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas y abigeato, entre otros.
El presente documento consta de 289 artículos, divididos en 26 títulos y varios capítulos.
Se encuentra en su segundo trámite constitucional.
Acuerdo con Japón
La Cámara de Diputados analizará, igualmente, el proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno del Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del Programa de Desarrollo Económico y Social”, suscrito en la ciudad de Asunción, el 25 de setiembre de 2023.
El citado Programa de Desarrollo Económico y Social tiene la finalidad de mejorar la capacidad técnica e industrial del Paraguay, mediante el suministro de equipos técnicos y didácticos a las principales instituciones de formación profesional dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Educación y Ciencias, así como también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, encargadas de la capacitación y desarrollo de recursos humanos para la industria nacional.
En tal sentido, el Gobierno del Japón otorgará al Gobierno de la República del Paraguay para la implementación del Programa de referencia una cooperación financiera no reembolsable de quinientos millones de yenes japoneses (aproximadamente 3,5 millones de dólares).
Se encuentra en su segundo trámite constitucional.
Tejiendo Apoyos
Por otro lado, la plenaria de la Cámara de Diputados también considerará un proyecto de ley que aprueba el convenio de préstamo N° 9517-PY, suscrito por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en fecha 7 de agosto de 2024, y por la República del Paraguay en fecha 9 de agosto de 2024.
Este convenio autoriza un préstamo de hasta USD 125.300.000 para el financiamiento del proyecto “Tejiendo apoyos para la excelencia educativa en Paraguay”, que será implementado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Según la exposición de motivos, el empréstito tiene como fin mejorar los entornos de aprendizaje mediante la ampliación y renovación de la infraestructura física de 316 escuelas; la provisión de mobiliario y materiales pedagógicos; y el fortalecimiento de la gestión de infraestructura educativa.
Agrega que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno y del MEC para promover la excelencia educativa y consolidar programas orientados a mejorar la calidad de la enseñanza en el país.
Este proyecto, proveniente del Poder Ejecutivo, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Sistema de Transmisión en Alta Tensión (ANDE)
El orden del día de la Cámara de Diputados incluye, además, el estudio de un proyecto de ley que aprueba contratos de préstamo suscritos entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 260.000.000; y con el Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (TAIWÁN ICDF), por un monto de hasta 30.000.000.
También prevé contratos de garantía entre la República del Paraguay, el BID y el ICDF, para el financiamiento del proyecto “Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II”, cuya implementación estará a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Los objetivos principales del proyecto son: apoyar la mejora en la confiabilidad y eficiencia del sistema de transmisión en alta tensión; promover la optimización del sistema de transición a través de la actualización tecnológica; y apoyar el desarrollo sostenible del sector eléctrico paraguayo a través de la equidad de género y diversidad.
El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Apoyo al desarrollo del sector eléctrico (ANDE)
Otro de los documentos que será puesto a consideración de los diputados en ocasión de la sesión ordinaria próxima, es un documento que contempla el contrato de préstamo entre la ANDE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por un total de USD 120.000.000.
El documento apunta a financiar el Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Eléctrico del Paraguay, que tiene como objetivo reconocer la implementación de diversas acciones de política, marco de planificación e iniciativas de gestión, enmarcadas en la Política Energética Nacional 2040.
Según la exposición de motivos, la ANDE busca garantizar un servicio eléctrico de calidad para la población y la transición hacia una matriz de consumo energético basada en energía de fuentes sostenibles y alternativas.
La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Senadores.
Tren de Cercanías
El orden del día de próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados contempla, por otro lado, el estudio del proyecto de ley “De la reforma del Tren de Cercanía”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Según la exposición de motivos, el proyecto “Tren de Cercanías” contribuirá a reducir significativamente los tiempos de desplazamiento, facilitando el acceso de la población a centros educativos, de salud y áreas laborales, lo que a su vez potencia la productividad y calidad de vida.
“Este proyecto, que abarca un tramo de 43 km entre Asunción e Ypacaraí, ha sido concebido no solo como una alternativa al transporte urbano tradicional, sino como una infraestructura clave para el desarrollo regional y la integración de las ciudades en su recorrido: Asunción, Luque, Areguá, Itauguá e Ypacaraí”, dice parte del documento.
Agrega que su ejecución comprende tanto infraestructura física como operativa, incluyendo estaciones, sistemas de comunicación y señalización, adquisición de material rodante, y la liberación de la franja de dominio necesaria para su implementación.
Los cambios que se proponen en el presente proyecto, con respecto al fallido proyecto anterior, “sentarán las bases para obtener el financiamiento más competitivo posible, alineando los intereses nacionales con los principios de transparencia, uso eficiente de recursos, seguridad para los inversionistas, y garantías necesarias para la estructuración e implementación del proyecto”, alega.
Enfatiza que el nuevo documento modifica el aspecto medular del modo de contratación, puesto a que en la Ley Nº 7237/2023 se preveía una contratación de gobierno a gobierno (G2G) con la República de Corea, mientras que con esta iniciativa, el Gobierno abre el proceso a los actores del sector privado, a través a una licitación pública nacional. “Esto es un beneficio adicional del presente Proyecto de Ley, al dinamizar a los actores locales y generar importantes fuentes de trabajo”, asegura el Poder Ejecutivo.
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Servicio de resiliencia y sostenibilidad
El orden del día a ser desarrollado por los diputados en ocasión de la sesión ordinaria próxima incluye el estudio del proyecto de ley “Que aprueba una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro bajo el Programa ‘Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad’ del Fondo Monetario Internacional”.
Se trata de un mecanismo diseñado para proporcionar apoyo financiero a países miembros con el objetivo de abordar desafíos estructurales de largo plazo, como el cambio climático, la sostenibilidad de la deuda o la preparación para crisis futuras.
En la exposición de motivos se explica que en diciembre de 2023, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), a pedido del Gobierno Nacional, aprobó la inclusión del Paraguay al programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad – SRS”, siendo así el primer país sudamericano en obtener acceso al SRS.
El SRS es un programa que ofrece financiamiento asequible a largo plazo, a países que lleven a cabo reformas para preservar la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo sentar las bases para un crecimiento sostenido y de calidad.
“El referido programa otorga a Paraguay la posibilidad de acceder a recursos financieros bajo el SRS por un monto total del 150% (ciento cincuenta por ciento) de su cuota, equivalente a una línea de financiamiento de hasta DEG 302.100.000.- (Derechos Especiales de Giro trescientos dos millones cien mil), que serán destinados a financiar los requerimientos del Presupuesto General de la Nación de los respectivos ejercicios fiscales, referentes a gastos de capital y aquellos previstos en el artículo 40 de la Ley N°1535/1999, “De Administración Financiera del Estado”, establece el proyecto.
Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Altas capacidades intelectuales
Otro de los documentos a ser analizados por el plenario de Diputados es un proyecto de ley que busca establecer mecanismos para la identificación, inscripción y asistencia de estudiantes con altas capacidades intelectuales en el sistema educativo paraguayo, tanto en instituciones públicas como privadas y privadas subvencionadas.
La iniciativa, cuyo acápite oficial es "Que dispone la identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y superior, de los estudiantes con altas capacidades", propone la creación de centros educativos especializados en altas capacidades, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que funcionará como autoridad de aplicación.
Establece que estos centros contarán con equipos técnicos integrados por psicólogos, psicopedagogos y especialistas en educación con énfasis en altas capacidades.
El proyecto establece que las instituciones educativas deberán realizar, al menos, un test anual para identificar a alumnos que "manejan y relacionan de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo", según define el texto.
En la exposición de motivos se señala que el concepto de alta capacidad ha evolucionado desde su inicial asociación con el alto rendimiento académico y el Cociente Intelectual (CI) elevado, hasta considerarse, actualmente, como "un potencial a desarrollar".
Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "superdotada" a una persona con CI igual o superior a 130, el proyecto adopta un enfoque más amplio y multidimensional.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Protección de datos personales
La plenaria de la Cámara de Diputados, igualmente, prevé el análisis del proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”.
El presente documento tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales la República del Paraguay es parte.
El texto, recordemos, cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública; entre otros.
Cabe recordar que dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional.
Datos personales crediticios
Otra propuesta legislativa en la mira de los legisladores de la Cámara de Diputados para su tratamiento en ocasión de la sesión ordinaria, es el proyecto de ley “Que modifica los artículos 09, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 6534/20 “De protección de datos personales crediticios”.
El objetivo principal del proyecto es garantizar el derecho a la privacidad y al olvido de información crediticia expirada, desactualizada o perjudicial, además de incluir sanciones penales por el uso indebido de estos datos.
La iniciativa propone reducir el tiempo de almacenamiento de datos crediticios, actualmente fijado en cinco años, argumentando que este plazo es excesivo que afecta los intereses económicos y financieros de los ciudadanos.
También busca facilitar la rehabilitación de la moral financiera de personas que ya han cumplido con sus obligaciones, pero siguen registradas en bases de datos que afectan su solvencia.
El proyecto amplía el régimen de sanciones, pasando de medidas administrativas a penas privativas de libertad y multas económicas, con el fin de disuadir prácticas abusivas por parte de los burós de crédito.
La propuesta responde a demandas sociales que denuncian la discriminación financiera y laboral derivada de registros negativos obsoletos, según la exposición de motivos.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Puerto Adela
También figuran en el orden del día el estudio del proyecto de ley “Que modifica el artículo 2°, inciso “C”, de la Ley N° 3.984/2010, “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados ‘royalties’ y ‘compensaciones en razón del territorio inundado’, a los gobiernos departamentales y municipales, modificada por la Ley 5831/2017”
El objetivo es la inclusión del distrito de Puerto Adela como municipio afectado por la construcción del embalse de la Itaipú Binacional.
“La comunidad de Puerto Adela posee una extensa ribera sobre el río Paraná, donde gran parte de su territorio (5.500 hectáreas), fue inundada con la construcción de la Hidroeléctrica Itaipú y, por ende, es absolutamente pertinente la inclusión del municipio dentro de la nómina de los directamente afectados por territorios inundados por el lago artificial de la Itaipú”, dice parte de la exposición de motivos.
Puerto Adela es un desprendimiento de la Municipalidad de Salto del Guairá, que es uno de los municipios directamente afectados por el embalse de las aguas del río Paraná.
La ley en cuestión habla de que la distribución de los recursos destinados a los municipios directamente afectados y no afectados, se hará de la siguiente manera: 50 % en partes iguales para cada municipio afectado; y el otro 50 % restante para todos los demás municipios del país, según la población de cada uno.
Tras su aprobación por la Cámara de Diputados, en primera instancia, el proyecto fue rechazado por la Cámara de Senadores y devuelto a la cámara de origen. Se encuentra en su tercer trámite constitucional.
Informe financiero de la CGR
El siguiente punto en el orden del día es el “Informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el informe financiero del Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente al ejercicio fiscal 2023”.
Es importante resaltar que objetivo general de este documento es determinar si la información financiera y presupuestaria contenida en el Informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2023 es consistente.
La CGR explica que el informe deviene de un proceso de integración y consolidación, a fin de emitir su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros consolidados del sector público; del consolidado de la programación y ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de ese sector, correspondiente al ejercicio fiscal, 2023, de conformidad a las normas de contabilidad y a las disposiciones legales vigentes, aplicables al sector público de la República del Paraguay.
Para el estudio del informe de la Contraloría General de la República, recordemos, fue integrada una Comisión Bicameral.
“El Informe Financiero de la Nación y el Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República son sometidos a consideración de la Comisión Bicameral, integrada por cinco senadores y cinco diputados, para su examen y dictamen correspondiente, Comisión que debe expedirse en un plazo máximo e improrrogable de cuarenta y cinco días siguientes a su presentación según el artículo 1º de la Ley Nº 2515/04 ‘Que modifica el artículo 70 de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado’”, dice la disposición legal al respecto.
Nuevos juzgados de Paz para Asunción
La Cámara de Diputados también tiene proyectado analizar en su sesión ordinaria próxima, el proyecto de ley “Que crea nuevos juzgados de Paz para la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en Asunción”.
Se trata de un proyecto de ley que busca crear 14 nuevos juzgados de Paz en Asunción, con el objetivo de descongestionar el sistema actual que se encuentra "colapsado y en altísima morosidad jurisdiccional", según la exposición de motivos.
La iniciativa propone distribuir los nuevos juzgados entre las siete parroquias capitalinas existentes: La Catedral, La Encarnación, San Roque, La Recoleta, Villa Morra, Santísima Trinidad y Zeballos Cué.
Cada parroquia recibiría dos nuevos juzgados adicionales, según la propuesta.
En la exposición de motivos se señala que la Justicia de Paz en Asunción no ha experimentado una variación positiva en su estructura y capital humano desde su creación, pese a que atiende a más de 520.000 habitantes, equivalente al 7% de la población nacional.
Esta situación se agravó con la vigencia de la Ley 6059/18, que amplió las funciones de estos juzgados, asegura el escrito de presentación.
Como medida innovadora, el proyecto establece que durante el primer año de funcionamiento, los nuevos juzgados atenderán, exclusivamente, las causas nuevas, mientras que los actuales se dedicarán a resolver los casos pendientes, salvo situaciones excepcionales como excusaciones judiciales.
Los juzgados de Paz tienen competencia multifuero, lo que significa que atienden casos civiles, comerciales, laborales, penales, de niñez y adolescencia, e incluso electorales.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Promoción, protección de la maternidad
El orden del día de la sesión ordinaria de Diputados prevé, por otro lado, el análisis del proyecto de ley “Que modifica el artículo 13, inciso ‘b’ de la Ley N° 5508/15, De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna".
La iniciativa propone ampliar los permisos laborales por paternidad, reconociendo el papel activo de los padres en el cuidado y desarrollo temprano de sus hijos.
El proyecto mantiene el permiso actual, por paternidad, de 15 días hábiles para padres de recién nacidos, tanto en partos naturales como por cesárea.
Sin embargo, para los casos de cesárea con complicaciones, la licencia se incrementa a 20 días hábiles, y si el bebé nace prematuro o con necesidades especiales, establece que el permiso se extenderá a 30 días.
La propuesta se enmarca en un esfuerzo por fomentar la igualdad en la crianza y mitigar el impacto del estrés postparto en las madres, según la exposición de motivos.
Destaca el proyecto que se busca alinear la legislación paraguaya con estándares internacionales que promueven la equidad de género y la protección de la infancia, como lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Se encuentra en su primer trámite constitucional.
Denominación de calle departamental
El orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, incluyo, igualmente, el estudio del proyecto de ley “Que denomina con el nombre de ‘Natalicio González’, la Ruta Departamental D012 que une los departamentos Central y Cordillera”.
El documento, en su Artículo 1°, establece la denominación con el nombre de “Natalicio González”, la Ruta Departamental D012 desde su intersección de la Ruta Nacional PY19 y el empalme con la Ruta PY18 en el distrito de Villeta, Departamento Central y su intersección con la Ruta Nacional PY02, Departamento Cordillera.
La iniciativa legislativa cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
"Cambiando lo que deba ser cambiado"
Otro de los documentos que será sometido a consideración de los señores parlamentarios de la Cámara de Diputados es el “Acuerdo por Notas Reversales sobre la aplicación mutatis mutandis del Acuerdo de Asistencia Técnica entre la República del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a las Actividades y al Personal del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en la República del Paraguay”.
El documento fue suscrito en Nueva York, Estados Unidos de América, y en Asunción, el 18 de agosto del 2020 y el 14 de octubre del 2020, respectivamente.
Mutatis mutandis es una locución latina que significa literalmente "cambiando lo que deba ser cambiado" o "hechos los cambios necesarios". En términos legales, académicos o administrativos, esta expresión se utiliza para indicar que una regla, principio, situación o disposición se aplicará en otro contexto similar, pero ajustando las diferencias pertinentes entre ambos casos.
El presente instrumento, según la exposición de motivos, tiene por objeto que los términos del Acuerdo sobre Asistencia Técnica entre la República del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se apliquen mutatis mutandis a las actividades y al personal del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la República del Paraguay.
Cabe recordar, que el acuerdo de referencia enuncia las condiciones básicas en las cuales el PNUD y sus organismos de ejecución prestarán asistencia al Gobierno del Paraguay para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo.
Permitirá, por otro lado, consolidar la formulación, aprobación y aplicación de políticas de Gobierno sobre población y estrategias de desarrollo, especialmente en las mujeres y jóvenes, garantizando la igualdad de derechos de las personas, conforme dispone la Constitución Nacional.
Se encuentra en su segundo trámite constitucional.
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