(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). Bajo presidencia del legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria resolvió emitir un dictamen de aprobación con modificaciones para el proyecto de ley “De Salud Mental”. El documento cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

La propuesta busca respuestas para las personas que tienen problemas de salud mental y llevar acciones concretas para favorecer la dignificación del individuo con trastornos de dicha índole, al tiempo de buscar la integración de los mismos en nuestra sociedad.

La iniciativa trata un abordaje comunitario de la salud mental, basado en el respeto de los derechos humanos y la participación social para la construcción y el ejercicio de ciudadanía.

“La modificación que propusimos es independiente de lo que se relaciona a la estructura y cobertura presupuestaria que tiene que tener la salud mental. Hay una parte que habla de gratuidad para las personas que no puedan cubrir sus gastos, que tiene que tener una cobertura de Fonacide, por lo que nosotros creemos que esa parte, como se trata de salud mental y todo lo que implica, aumentamos al máximo lo relacionado al Impuesto Selectivo al Consumo, en este caso, del tabaco”, refirió el diputado Acosta.

En ese contexto, mencionó que existe un tope, siendo el mínimo 18 %, y el máximo 24 %, lo cual, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, se sugiere que no pase del 20 %; mientras que desde la comisión se decidió elevar eso al 24 %.

De este porcentaje, el 4 % sería para el financiamiento de la gratuidad, y de esa manera no tocar lo relacionado al Fonacide, según explicaciones.

Recompensas por información sobre secuestrados

Por otro lado, el bloque dio visto bueno con modificaciones al proyecto “Que aumenta el pago de recompensa por información del paradero de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis”.

La variante apunta a especificar que la cantidad referida se aplique al objetivo y no, por arbitrariedades, a otros rubros.

El proyecto, cabe recordar, pretende elevar la suma de G. 1.000 millones a un total de G. 7.000 millones, como concepto de recompensa para aquellos que brinden informaciones certeras con relación al paradero de los compatriotas secuestrados.