Proyecto que amplía funciones de la AFD y modifica su carta orgánica, fue analizado con autoridades del ente
Publicado el: 22/06/2021 13:55
(Redacción: Dirección de Comunicación-Prensa). La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), dio análisis al Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley Nº 2.640/2005, que crea la Agencia Financiera de Desarrollo; y se abroga la Ley Nº 3.330/2007”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Para este efecto, el encuentro, que se desarrolló de manera virtual, contó con la participación de la Lic. María Fernanda Carrón, y del doctor Martín Salcedo, presidenta y miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), respectivamente, quienes realizaron una presentación acera de cómo está posicionada la institución hoy en día.
El titular del órgano asesor señaló que si bien se realizó un estudio pormenorizado del documento, con los responsables directos de la institución, se decidió emitir un dictamen sobre el punto, la próxima semana.
Deslizó, sin embargo, que podría recomendarse aprobar la versión Senado, a fin de darle celeridad a la normativa.
“Este proyecto pretende, precisamente, ampliar las funciones de la AFD y modificar también algunos artículos para modernizar y adecuar la carta orgánica, ya que la AFD tiene intenciones de prácticas internacionales, en su rol como banca de segundo piso. Principalmente, plantea proyectos que hacen relación a la emisión de bonos, de modo a que las personas que adquieran estos bonos, no tengan reparos por la garantía que le ofrezca la AFD”, explicó el legislador.
La iniciativa también amplía la facultad para hacer negocios fiduciarios, no solo con el sector público, sino también con el sector privado.
En otro ítem, la comisión resolvió acompañar, con un dictamen de aprobación, el veto del Poder Ejecutivo, al proyecto Nº 6.733/2021, “Que autoriza la transferencia de créditos, dentro del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por Ley Nº 6.469, de fecha 2 de enero de 2020 - Ministerio de Hacienda; Ministerio de Educación y Ciencias; e Instituto Paraguayo del Indígena”.
Sobre el punto, el presidente del bloque aclaró que se trata de un proyecto sancionado, en su momento, relacionado al Poder Ejecutivo, pero para el ejercicio fiscal 2020, que pretendía beneficiar al INDI con ciertas transferencias.
“Ya es extemporáneo y, al mismo tiempo, ya fue vetado por el Ejecutivo por falta de disponibilidad financiera, por lo que decidimos acompañar el veto”, indicó.
Respecto al Proyecto de Ley “Que establece la dignificación salarial y horaria de los profesionales médicos en el ámbito público y privado de la República del Paraguay”, por su parte, vale señalar que se decidió aplazar el tratamiento.
“Hemos recibido una propuesta de los gremios sobre algunas modificaciones que se están analizando con el equipo técnico. Además, seguimos trabajando con cinco instituciones que, precisamente, son dependencias que absorben las cargas horarias laborales de los médicos, como el Ministerio de Salud Pública; el IPS; el Hospital de Clínicas; el Hospital Rigoberto Caballero; y el Ministerio de Justicia, que también tiene contratados a médicos para las penitenciarías”, explicó, acerca del tema, el titular de comisión.
Acotó, seguidamente, que se trata de un proyecto muy delicado, sobre el cual no hay que apresurarse para el correspondiente dictamen, ya que tiene un impacto presupuestario muy importante, relacionado al aumento salarial y también a la reducción de carga horaria, lo que implicaría la contratación de otros médicos para cubrir vacancias.
Finalmente, la Comisión de Presupuesto postergó, para un mejor estudio, el Proyecto de Ley “Que prevé el pago oportuno a las micro, pequeñas y medianas empresas, en el ámbito de la administración pública y el sector privado”.
“Lo que pretende esta propuesta es que, por Ley, se pueda obligar al Ministerio de Hacienda, a través de todas las entidades y organismos del Estado, a que sean cubiertas las deudas con el sector privado, con las MIPYMES, en un plazo no mayor a 30 días. Se establece un porcentaje del 2 % al Estado, para que pueda pagar las cuentas que se encuentran en estado moratorio”, informó, al respecto, Tadeo Rojas.
Compartir este artículo