(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La plenaria de Diputados aceptó la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que concede al Congreso Nacional, por el término de veinte años, la administración de las plazas: De Armas; Juan de Salazar; Constitución; De la Independencia; y de la Plaza del Congreso, pertenecientes a la Municipalidad de Asunción, sin afectar el carácter de dominio público, ubicadas en el distrito de La Encarnación de la ciudad de Asunción y deroga el artículo 2° de la Ley N° 6.284/2019, Que declara patrimonio histórico nacional las plazas: Independencia, Juan de Salazar y la de Armas de la ciudad de Asunción”.

Esta propuesta tenía la finalidad de mejorar, revitalizar, hermosear y proteger los recursos naturales; así como recuperar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la Nación, en los referidos inmuebles.

Las comisiones de Presupuesto; Legislación y Codificación; Justicia, trabajo y Previsión Social; Educación y Cultura; entre otros recomendaron, dictámenes mediante, la aceptación de la resolución de objeción del Poder Ejecutivo.

En efecto, el Poder Ejecutivo alega que el Art. 166 de la Constitución Nacional, determina que “las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

Señala, igualmente que el proyecto de ley, al conceder al Congreso Nacional la administración de plazas públicas, propiedad de la Municipalidad de Asunción, podría trasgredir la autonomía municipal, y en ese sentido, otorgar al Congreso atribuciones que, en general, corresponden a las municipalidades.

Por otro, arguye que el Art. 168 señala que las municipalidades tienen como atribución “la libre gestión en materia de su competencia, particularmente, en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, así como la administración y disposición de sus bienes”.

La objeción total del Poder Ejecutivo fue aceptada y, por ende, remitida al archivo.