Regulación de criptoactivos y sus riesgos ambientales fueron ejes de discusión durante una audiencia pública
Publicado el: 03/05/2022 15:38
(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). Este martes se llevó a cabo una audiencia pública organizada por las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros; Ciencia y Tecnología; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Lucha contra el Narcotráfico; y Energía y Minería; donde exponentes de diversas áreas sentaron postura sobre el proyecto “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – Criptoactivos”. Entre los temas más recurrentes del evento, figuran la regulación del sistema financiero y sus riesgos ambientales.
El evento estuvo dirigido por el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), quien explicó que los criptoactivos son activos virtuales, que emplean un cifrado criptográfico.
“Con esto, nuestra vida económica sería totalmente electrónica; trae consigo ciertas dificultades como la rastreabilidad, la creación de una entidad rectora, así como la norma estatal que rija esto”, indicó.
El primer orador de la jornada fue el ingeniero Ricardo Canese, quien expuso los riesgos de la denominada criptominería. Especialmente, habló de los problemas ambientales y la contaminación que este negocio trajo a los países que implementaron el uso de criptoactivos.
Además, vaticinó que la criptominería obligará al Paraguay a importar electricidad a altísimos precios.
Vale explicar que, los activos como bitcoins existen, fundamentalmente, en línea y son creados diariamente mediante un proceso conocido como “minería”, que se basa en premiar con un bitcoins a las computadoras que procesan complejas ecuaciones matemáticas a través de un software especializado, lo que significa miles de máquinas en el mundo trabajando sin descanso y generando un alto consumo de electricidad, según publican medios internacionales.
A su turno, la Ing. Mercedes Canese, aseguró que la implementación de criptoactivos se podría prestar a un robo de energía y dijo que se debe poner atención a la regulación del negocio, de manera que no termine todo el país pagando a la ANDE, subsidios otorgados a este rubro.
Por su parte, Guillermo García Orué, asesor multi-empresarial, sostuvo que la claridad conceptual es clave para el tratamiento del proyecto, así como determinar el supervisor natural.
“Si no existe un supervisor, la Seprelad debe asumir este rol, como lo hace para organizaciones sin fines de lucro y otros rubros”, señaló.
Luis Benítez, de la Universidad Nacional de Asunción, sostuvo que se debe proteger a los usuarios desde el Estado y advirtió que el texto aprobado por la Cámara de Senadores, no refleja protección alguna.
“Acompañamos cualquier regulación que proteja al ciudadano, pero creemos que esta normativa no refleja eso; así como está redactada ahora, amerita una profunda revisión y modificación para el bien de todos”, puntualizó.
ANDE sugiere cambios
Rody Rolón, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) habló de los cambios sugeridos desde la entidad estatal, los cuales incluyen una limitación de potencia, plazo de concesión, y que las empresas dedicadas al rubro no sean consideradas una industria.
Esto último, debido a que consume mucha energía, que sería subsidiada o con tarifa especial como a todas las industrias del país.
Fernando Filártiga, del Banco Central del Paraguay (BCP), explicó, brevemente, los riesgos del consumidor, y añadió que bajo ninguna circunstancia se puede equipar al dinero de curso legal, ya que no cumple con varios parámetros y tienen una tremenda volatilidad.
Por otro lado, expusieron su parecer, los diputados Sebastián García (PPQ-Capital), José Rodríguez (PLRA-Central) y Tito Ibarrola (PPH-Central), este último indicó que debemos avanzar ya que la tecnología es dinámica y nosotros debemos acompañarla.
Se estima que en los próximos días, la comisión asesora de Asuntos Económicos y Financieros, dictamine sobre el tema, luego de recibir por escrito todas las sugerencias sobre el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
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