Socializan proyecto que busca la imprescriptibilidad de delitos de corrupción

Publicado el: 09/02/2024 17:14

Dip. Daniel Centurión 01 850.jpg(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Daniel Centurión (ANR-Capital), se entrevistó con la Dra. María Carolina Llanes Ocampos, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la intención de socializar un proyecto de ley que había presentado en el mes de diciembre pasado, referente a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la función pública.

Se trata de la iniciativa “Modificatoria de artículos del Código Penal Paraguayo”, que tiene el firme propósito de reforzar el marco legislativo existente para una lucha más frontal contra la corrupción.

“Seguimos avanzando con el proyecto que presentamos sobre la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción pública, ampliación de la pena a funcionarios corruptos y que nunca más pueda ocupar un cargo público”, escribió en sus redes sociales.

Agradeció la apertura de la Dra. Llanes, quien integró una mesa técnica para el análisis del referido proyecto.

Aspectos principales del proyecto

En esencia, el proyecto se focaliza en el endurecimiento de las penas, la ampliación del universo de tipos penales, la extensión de los plazos para la prescripción de la acción penal, y el endurecimiento de los criterios de medición de la pena para los delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos.

En la exposición de motivos se explica que se trata de un aumento en los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos, aumento de la pena en los tipos base de los delitos de corrupción pública o cometidos por funcionarios públicos en general, y también en la base para la medición de las penas a tales delitos.

Integra, por otro lado, el Código Penal como tronco regulatorio principal del Derecho Punitivo del Estado, los tipos penales cometidos por funcionarios públicos contra el Estado y la sociedad, con especialidad principal de los delitos de enriquecimiento ilícito en la función pública y el delito de tráfico de influencias en la función pública o con la función pública.

“Buscamos aumentar el marco penal, y buscamos desalentar la comisión de hechos de corrupción; esto tendría aplicación para todos los ordenadores de gastos, intendentes, gobernadores, ministros, funcionarios que utilicen su cargo para beneficiarse de alguna manera de los recursos estatales”, refiere el legislador en su exposición de motivos.

Insiste que se trata de una clara señal institucional del Congreso de la República de modo a buscar la preservación del pacto social, la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.

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