(Redacción. Dirección de Comunicación). Los diputados Rodrigo Blanco (PLRA-Central) y Hernán Rivas (ANR-Itapúa), en su condición de representantes de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presentaron un proyecto que deroga una disposición legal que autoriza al JEM, la incorporación de sus funcionarios al régimen de aportes al Instituto de Previsión Social.

Se trata del proyecto de ley “Que deroga la Ley N° 6765/2021, Que autoriza la incorporación al seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS), de los funcionarios y contratados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y de los jubilados que hayan prestado servicios en dicha repartición”.

La exposición de motivos explica que se hace muy gravosa para el Instituto de Previsión Social, la atención a estos funcionarios, por la falta de capacidad económica y financiera, que tiene la institución para atender los requerimientos de los funcionarios.

Recordemos que los funcionarios del JEM ingresaron, como asegurados, al Instituto de Previsión Social (IPS) en el mes de noviembre del año 2021, adquiriendo, a partir de ese momento, la categoría de asegurados titulares, con la posibilidad de incluir a sus beneficiarios (grupo familiar), con todas las prerrogativas inherentes al respecto.

Uno de los puntos que se cuestiona es que el IPS, obvia las excepciones establecidas en la reglamentación, para el tratamiento de enfermedades agudas, de aquellas prestaciones que requieren periodos de carencia. Es decir, se suspendió las prestaciones médicos-asistenciales, que se estableció, se debían otorgar en forma inmediata a la incorporación al Seguro Social.

“A pesar de contar con un marco normativo, el servicio no se presta de manera efectiva y persisten los inconvenientes que atraviesan los funcionarios y sus familiares para ser asistidos en el Hospital Central y las clínicas periféricas del IPS, así como en las situadas en el interior del país, donde el personal encargado de la administración, invariablemente, comunica a nuestros colaboradores que los mismos no figuran en el sistema y, por ende, no pueden ser admitidos para consultas ni atendidos en urgencias”, dice parte de la justificación del documento.

Añade, igualmente, otros tipos de dificultades, entre las que se encuentran retardos en los agendamientos de citas médicas, cirugías programadas, retiro de medicamentos, análisis laboratoriales, entre otros.

“El 87,50 % de los funcionarios no supera los 49 años, por ende, el nivel de demanda y necesidad de servicio de alta complejidad es mínimo; por el contrario, existe gran demanda en servicio de urgencia, de consulta médica y de estudios laboratoriales, los cuales han sido muy deficientes y los montos desembolsados no se traducen en asistencia sanitaria para nuestros colaboradores”, expresa otra parte del documento.

Los proyectistas arguyen, además, que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se halla al día con los aportes respectivos y consideran que la nula contraprestación que recibe de IPS, no amerita el desembolso de más de G. 1.095.000.000.

Recordemos que la ley obliga a los funcionarios contratados un aporte del 3 % sobre la remuneración definida; el aporte patronal se estableció en 6,5 %; mientras que el aporte de los ex funcionarios, que ya se encuentran con una jubilación, el aporte es del 9,5 % del haber jubilatorio percibido.

El proyecto, una vez recepcionado, fue derivado, para su estudio, a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Presupuesto; Equidad Social y Género; y a la de Salud Pública.