(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). El Proyecto de Ley “Que regula la activación de líneas de telefonía celular”, es una de las iniciativa parlamentarias que volverá a la primera plana teniendo en cuenta las cada vez más numerosas denuncias, desde distintos puntos del país, sobre estafas realizadas con números telefónicos (celulares), habilitados irregularmente, con identidades falsas o utilizadas de manera indebida.

El documento fue presentado por el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), y hasta el inicio del receso legislativo se encontraba en etapa de estudio en diversas comisiones asesoras de la Cámara Baja.

Al decir del legislador proyectista, la aprobación de la normativa constituye una necesidad, “teniendo en cuenta que, en la actualidad, la compra de los chips telefónicos continúa realizándose de manera totalmente informal, insegura y, muchas veces, de forma inescrupulosa, en los diferentes puestos de venta, sin las mínimas garantías legales, como solicitudes sin la firma del usuario y la presentación de autorizaciones sin certificación de firma ante Escribano Público, u otros mecanismos de control”.

El diputado Harms, en el escrito de presentación, refiere que el proyecto de ley pretende regular la activación de líneas de telefonía celular, a fin de evitar el uso indebido de identidad de las personas por parte de terceros, pues esta situación es la más denunciada ante las esferas correspondientes, por casos de intento de estafa o engaños plenamente consumados.

“Se establece que la activación de la línea de telefonía celular sea un acto formal, personalísimo, y evitar así que personas con malas intenciones utilicen la identidad de terceros para fines delictivos”, señaló el parlamentario.

La normativa establece que las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular deberán exigir al usuario la presentación de la cédula de identidad vigente, y una fotocopia de la misma.

Además, se deberá completar formularios elaborados para el efecto, los cuales deberán contener datos personales; una referencia personal; y la firma del solicitante ante el responsable de la activación, quien igualmente firmará el formulario y entregará una copia del mismo al usuario.

“Cuando la activación sea solicitada a través de una tercera persona, ésta deberá estar autorizada por el titular solicitante, mediante carta poder con certificación de firma ante Escribano Público”, indica otro artículo del proyecto.

Un apartado, igualmente, señala que “las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular, antes de proceder a la activación de la línea solicitada, deberán asegurarse de que los datos sean los correspondientes al solicitante, para lo cual podrán confirmar los datos suministrados con la persona ofrecida como referencia personal”.

Fuertes multas por incumplimiento

El documento presentado por el diputado Harms estipula que en caso de incumplimiento de lo establecido, por parte de las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular, “éstas serán multadas, por cada caso, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con un equivalente a quinientos (500) jornales diarios”.