(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación) Bajo presidencia de la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), la Comisión de Derechos Humanos, en reunión ordinaria, emitió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “De protección a periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos”.

La iniciativa, que cuenta con 40 artículos, surgió con el objeto de crear una herramienta para que los periodistas y activistas de los derechos humanos, tengan el respaldo de un ordenamiento jurídico, según se informó.

La elaboración de la normativa fue trabajada con profesionales técnicos de la comisión asesora, destacó, igualmente, la legisladora Torres.

El objetivo es garantizar la vida, integridad y seguridad de todas aquellas personas que ejercen el periodismo; trabajos de prensa; y a los defensores de derechos humanos, que promueven o protegen los aspectos reconocidos en la Constitución Nacional, convenios y acuerdos internacionales.

Los miembros del bloque coincidieron en que el documento servirá de base para la cooperación y coordinación entre los poderes del Estado y otros organismos públicos y privados, nacionales e  internacionales, para seguridad y estabilidad laboral de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo, el trabajo de prensa y el de la defensa de los derechos humanos.

“Es necesario buscar mecanismos para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas; y es uno de los temas más apremiantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano, como lo garantiza nuestra Constitución”, refiere parte de la exposición de motivos del proyecto.

En otro momento, los integrantes del órgano asesor aprobaron un proyecto de ley “Que modifica el artículo 4 de la Ley N° 4.815/12, que crea el Fondo Permanente para Repatriados; y establece el destino de los mismos”.

Lo aprobado agrega un inciso 5), al artículo 4°, a fin de que los recursos del citado fondo permanente puedan ser aplicados al financiamiento de los gastos de apoyo a la radicación y desarrollo de los connacionales; especialmente, el respaldo económico complementario para emprendedores y otros gastos que contribuyan a su reasentamiento.