Comisión Permanente discutirá sobre la “Mafia de Pagarés” en sesión ordinaria

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión Permanente del Congreso analizará el miércoles 14 de enero los hechos relacionados con la Mafia de Pagarés, según el orden del día de su primera sesión ordinaria. El debate se centrará en un abordaje general de la problemática que afectó a miles de ciudadanos, sin enfocarse en un proyecto legislativo específico.

Ley ya promulgada

El tema cobra relevancia tras la reciente promulgación por el presidente Santiago Peña de la Ley N° 7614 “Que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes”.

Esta norma transitoria, con vigencia de dos años, ordena a los jueces levantar embargos cuando los expedientes estén extraviados hasta que concluya su reconstitución. 

También faculta a declarar la nulidad, de oficio, en juicios con serias irregularidades y obliga la devolución del dinero cuando las víctimas hubieran pagado cuotas.

Si bien es cierto establece mecanismos de salvaguarda para los afectados, a decir de algunos legisladores, esta ley no ataca el fondo del problema, por lo que ya se analizan otros proyectos que exploran una solución más integral. 

Iniciativas en el Senado

Es importante mencionar que la Cámara de Senadores conformó una Comisión Especial de Investigación, de carácter transitorio, con múltiples funciones: registrar y sistematizar los casos denunciados, identificar el perfil de las víctimas y actores involucrados, estimar el impacto socioeconómico del esquema delictivo, investigar las modalidades operativas utilizadas, y proponer medidas legislativas. 

La comisión, integrada por seis senadores, igualmente, tiene la potestad de requerir informes a autoridades, convocar a funcionarios públicos y privados, y emitir un informe final con recomendaciones.

Adicionalmente, impulsa el proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica eliminando el riesgo de que estos documentos sean utilizados de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas después de cancelada la obligación. 

El proyecto, que incluye un régimen sancionador para garantizar su cumplimiento, ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. 

Proyecto en Diputados

La Cámara de Diputados también debate una propuesta de indemnización estatal excepcional y por única vez para las víctimas de sentencias judiciales emitidas en estos casos. El proyecto se fundamenta en el principio de responsabilidad estatal por daños causados por funcionarios en ejercicio de sus funciones.

Según el proyecto, la compensación consistirá en el equivalente al total del perjuicio acreditado en cada juicio, más una suma adicional de 2.000 jornales para actividades no especificadas, independientemente de la cuantía del daño. Los herederos de víctimas fallecidas solo percibirían la compensación adicional.

El proyecto de ley tiene el siguiente acápite: “De indemnización a víctimas de sentencias judiciales en los juicios conocidos como ‘mafia de los pagarés’”.

Se encuentra en su primer trámite constitucional. 

Propuesta de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia, por su lado, también presentó un proyecto alternativo ante la Cámara de  Diputados, argumentando deficiencias técnicas en la iniciativa parlamentaria original. El máximo tribunal advierte que el proyecto en trámite podría aplicarse indiscriminadamente a cobros legítimos e incluso incentivar la desaparición deliberada de expedientes.

La propuesta de la CSJ establece tres limitaciones específicas: restricción de competencia únicamente a juzgados de Paz, donde efectivamente se registraron las irregularidades; aplicación exclusiva sobre sueldos, salarios y emolumentos laborales para proteger ingresos de subsistencia; y requisito de denuncia previa ante la Comisión Especial de Investigación como condición para proceder con el levantamiento de embargos.

El proyecto, que tiene como título "Que autoriza a los juzgados de Paz a ordenar la suspensión provisoria de la ejecución de medidas cautelares decretadas sobre sueldos, salarios y otros emolumentos personales", se encuentra en su cuarto trámite constitucional.