Proyecto de ley plantea endurecer sanciones para guardiacárceles y policías que faciliten fuga de internos

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Un proyecto de ley “Por el cual se modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97 - Código Penal Paraguayo”, fue presentado recientemente ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa, impulsada por varios legisladores de la Bancada “A” de la ANR, plantea endurecer las penas para los funcionarios públicos o agentes penitenciarios que, estando obligados a impedir una evasión, participen en hechos de liberación de internos, inducción a la fuga o apoyo para concretarla.

Asimismo, incorpora un agravante para los casos en que estas conductas produzcan la fuga de más de un interno.

Según la exposición de motivos, la propuesta se fundamenta en antecedentes registrados en los últimos años, donde las investigaciones sobre hechos de fuga permitieron identificar la participación de agentes externos a los establecimientos penitenciarios, en connivencia con personas que prestan servicios dentro de los centros de reclusión.

En ese sentido, el documento señala que “las fugas, o su intento, por regla general, son propiciadas o apoyadas desde agentes externos a los establecimientos de privación de libertad, sean estos funcionarios, agentes del orden o miembros de organizaciones criminales, en connivencia con agentes del personal penitenciario desde el interior de las prisiones”.

Los proyectistas sostienen que integrantes de organizaciones criminales incentivan la participación de agentes penitenciarios y otros miembros de las fuerzas del orden, argumentando la baja estimación de las penas actualmente previstas para estos hechos.

Consideran que la situación de quienes tienen la obligación de evitar las evasiones debe ser reconsiderada en cuanto a la sanción aplicable. 

Al respecto, la exposición de motivos refiere que estos agentes “son alentados por las organizaciones criminales a cometer el hecho punible, alegando la impunidad y/o la baja estimación de la pena a imponer, en caso de ser encontrados culpables”.

La iniciativa mantiene la pena vigente de hasta tres años de privación de libertad o multa para quienes liberen a un interno, lo induzcan a la fuga o le brinden apoyo para concretarla.

No obstante, propone aumentar la pena para los funcionarios públicos o personas que presten servicios en instituciones penitenciarias y que, estando especialmente obligados a impedir la evasión, participen en este tipo de hechos. 

Actualmente, el Código Penal establece para estos casos una pena privativa de libertad de hasta siete años. Con la modificación planteada, la sanción pasaría a ser de cuatro a diez años de prisión.

Por otro lado, el proyecto incorpora un agravante cuando la liberación, inducción o apoyo produzca la fuga de más de un interno. En esos casos, la pena prevista será de cinco a quince años de privación de libertad.

“Las organizaciones criminales interactúan con evidente y sustancioso apoyo logístico, gastando importantes sumas de dinero en la implementación y ejecución del plan de fuga, que requiere necesariamente de los agentes del interior de las penitenciarías para conseguir su objetivo”, dice el documento.

Esta iniciativa será estudiada en las comisiones de Legislación y Codificación; y de Justicia, Trabajo y Previsión Social, previo al tratamiento en una sesión ordinaria.