Ratifican proyecto que busca reforzar la tarea policial con ayuda de las cámaras instaladas en domicilios particulares

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados, durante una sesión extraordinaria, se ratificó en su aprobación inicial y remitió nuevamente a la Cámara de Senadores el proyecto de ley “Que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”.

El diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), proyectista, abogó por la ratificación, al tiempo de destacar la importancia de una ley que regule la utilización de estos equipos. 

“Este proyecto surge ante la necesidad de regular el funcionamiento de las videocámaras que ya utilizan tanto la Policía Nacional, a través del Sistema 911, como vecinos organizados y particulares”, dijo.

Refirió que la intención es fortalecer la base de datos de la Policía Nacional, a partir del uso de cámaras instaladas en domicilios particulares, pero mirando hacia la calle. 

Según la propuesta, los dueños de estos equipos deberán comunicar a la comisaría que corresponde a su barrio la disposición de estos artefactos electrónicos. 

Es importante mencionar que la Cámara de Senadores había rechazado el documento, fundamentando que este punto genera cuestionamientos sobre legalidad, intimidad y privacidad de las personas. 

Finalmente, tras la votación pertinente, el pleno de Diputados se ratificó en su sanción inicial y el proyecto fue remitido nuevamente a la Cámara Alta para su último trámite constitucional. 

Sobre el proyecto 

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores. 

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos a los previstos legalmente.