Indagan sobre sumarios en el BNF y programa alimenticio implementado por el MSP

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Durante la sesión extraordinaria última de la Cámara de Diputados, el pleno otorgó su aprobación a dos proyectos de resolución que solicitan información a instituciones del Estado, con el objetivo de fortalecer el control parlamentario, transparentar la gestión pública y verificar el adecuado uso de los recursos públicos.

Ambas iniciativas fueron impulsadas por el diputado Raúl Benítez (Independiente-Central), en el estadio de Sobre Tablas.

El primer proyecto de resolución aprobado es el “Que pide informes al Banco Nacional de Fomento sobre los sumarios administrativos instruidos a funcionarios durante los últimos tres años”.

El pedido contempla la remisión de los resultados o resoluciones de cada procedimiento, así como información relacionada con las auditorías administrativas aplicadas a dichos procesos.

Asimismo, se requiere un detalle de los cargos vacantes que se hayan generado como consecuencia de los sumarios concluidos, especificando su situación actual y el estado de ocupación de dichas plazas.

El objetivo del proyectista es disponer de información precisa que permita evaluar la aplicación de los procedimientos administrativos y los mecanismos institucionales de control interno.

Control sobre recursos alimenticios

En segundo término, se aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en relación al Programa Trescientos Once – Productos Alimenticios”, con especial énfasis en la situación de las obligaciones pendientes con proveedores.

El requerimiento busca conocer las causas de los atrasos en los pagos, el destino de los recursos asignados al programa y el estado de las deudas existentes.

Para ello, se solicita información detallada sobre proveedores, montos adeudados, fechas de las obligaciones, facturas, contratos y antigüedad de las deudas, incluyendo aquellas con vencimientos superiores a noventa, ciento ochenta y trescientos sesenta días.

Igualmente, se requiere información sobre la disponibilidad y ejecución de los recursos, las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias, las transferencias efectuadas y las distintas etapas de ejecución, desde los montos presupuestados y comprometidos hasta los devengados, obligados y finalmente pagados.

La documentación solicitada incluye, además, órdenes de compra, contratos, facturas, obligaciones registradas, órdenes de pago y demás respaldos administrativos y presupuestarios.

El pedido contempla igualmente conocer si existe un plan de regularización de las obligaciones pendientes, con montos y fechas estimadas de pago.

En ambos proyectos de resolución se establece un plazo de 15 días hábiles para que las instituciones requeridas remitan la información a la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre pedidos de informes.