Plantean crear un Consejo Honorífico en el IPS para eliminar sueldos de consejeros y apartarlos de las licitaciones

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El diputado Daniel Centurión (ANR-Capital) presentó un proyecto de ley que busca transformar radicalmente la gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS), mediante la modificación de los artículos 6° y 13 de la Ley N° 98/1992. 

La propuesta plantea una estricta separación entre la gestión administrativa y la fiscalización de los recursos, con el objetivo de transparentar los procesos internos, optimizar la toma de decisiones y agilizar las respuestas de la previsional bajo la premisa de que “quien administra responde, y quien representa fiscaliza”.

La reforma centraliza la dirección ejecutiva, financiera y de recursos humanos de forma uninominal en el Presidente del IPS, quien asumirá de manera exclusiva la responsabilidad civil y penal por la ejecución presupuestaria. 

Paralelamente, se disuelve el actual Consejo de Administración para dar lugar a la creación del Consejo Honorífico de Representación y Fiscalización, compuesto por tres miembros titulares: representantes de los empleadores, trabajadores asegurados y jubilados. 

Los consejeros ejercerán funciones por cuatro años y trabajarán de forma totalmente ad honorem, sin percibir sueldos, dietas, bonificaciones ni gastos de representación, concibiendo el cargo como un servicio cívico que no debe costar dinero a la seguridad social.

Una de las modificaciones más drásticas prohíbe taxativamente al nuevo Consejo tener cualquier tipo de intervención decisoria en las compras y contrataciones públicas. 

Sus miembros no podrán evaluar ofertas, seleccionar proveedores ni aprobar adjudicaciones, una medida diseñada para erradicar conflictos de intereses y evitar que las responsabilidades legales se diluyan en un órgano colegiado. 

A cambio del voto administrativo, el Consejo ganará un fuerte rol de fiscalización posterior, lo que les permitirá acceder en tiempo real a la ejecución presupuestaria, auditar contratos ya ejecutados, revisar informes contables y denunciar eventuales irregularidades ante los órganos competentes.

Finalmente, el proyecto aclara que las operaciones y los fondos previsionales del IPS continuarán blindados y regulados bajo la estricta supervisión de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, además de mantener vigentes las competencias constitucionales de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 

La iniciativa será derivada a las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados, donde deberá ser dictaminada.