Dictaminan a favor de modificar penas por evasión y motín agravado

Publicado el: 2026-08-31

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), emitió dictamen de aprobado, con modificaciones, al proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley Nº 1160/97 – Código Penal Paraguayo”.

La iniciativa, impulsada por varios legisladores de la Bancada “A” de la ANR, propone endurecer las penas para quienes intervengan en la liberación, fuga o facilitación de la evasión de personas privadas de libertad, especialmente cuando se trate de funcionarios públicos o agentes penitenciarios que tengan la obligación de impedir estos hechos.

La Comisión resolvió acompañar la iniciativa, pero introduciendo modificaciones al texto original, con el propósito de precisar el alcance de las conductas sancionadas y establecer penas diferenciadas y más severas para quienes, teniendo la obligación de impedir una evasión, participen, faciliten o colaboren en su concreción.

De acuerdo con las modificaciones incorporadas al proyecto, se plantea elevar la pena prevista en el artículo 294, pasando de hasta tres años de prisión o multa a hasta cinco años de pena privativa de libertad.

Para los funcionarios públicos, agentes penitenciarios u otras personas que, teniendo el deber de impedir una evasión, participen en su concreción, se establece una pena de cinco a quince años de prisión.

Asimismo, la propuesta incorpora un agravante cuando, como consecuencia de estas conductas, se produzca la fuga de más de una persona privada de libertad, considerando la mayor gravedad que representa la participación en hechos que posibiliten una evasión múltiple.

El dictamen también contempla la modificación del artículo 295, inciso 3°, referido al motín agravado, elevando hasta quince años de prisión la pena cuando el hecho sea cometido con armas o mediante actos de violencia que pongan en peligro la vida o la integridad física de otras personas.

Según la exposición de motivos, la modificación busca fortalecer la respuesta penal frente a hechos de evasión registrados en los últimos años, a partir de investigaciones que habrían permitido identificar la participación de personas externas a los establecimientos penitenciarios, en algunos casos en connivencia con quienes prestan servicios dentro de los centros de reclusión.

En ese sentido, el documento sostiene que “las fugas, o su intento, por regla general, son propiciadas o apoyadas desde agentes externos a los establecimientos de privación de libertad, sean estos funcionarios, agentes del orden o miembros de organizaciones criminales, en connivencia con agentes del personal penitenciario desde el interior de las prisiones”.

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