Regularización de tierras en Juan de Mena motiva presentación de un pedido de informes

Publicado el: 2026-10-02

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Fue presentado un proyecto de resolución que solicita informes al Poder Ejecutivo - Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), con el propósito de recabar datos precisos sobre la situación actual de los pedidos de regularización y adjudicación de tierras tramitados bajo el Expediente Administrativo N° 9864/1986. 

La iniciativa se enfoca en la finca N° 2029, padrón N° 2271, del distrito de Juan de Mena, departamento de Cordillera; una propiedad que fuera expropiada por Ley N° 08/1989 para ser destinada a los fines de la agricultura familiar campesina.

El requerimiento surge como respuesta a los reiterados reclamos de los pobladores nucleados en la Comisión de Fomento y Desarrollo de las Colonias Regina Marecos y Guido Almada. 

Los afectados, en su carácter de legítimos beneficiarios de la reforma agraria, según la Ley N° 1863/2002 “Estatuto Agrario”, manifiestan que ha transcurrido un tiempo considerable desde la presentación de sus solicitudes sin haber recibido respuestas certeras por parte del INDERT respecto a los avances legales y la correspondiente titulación de los lotes que ocupan.

A través del documento se exige a la institución rural remitir un informe detallado que responda a tres puntos fundamentales: en primer lugar, especificar la etapa actual y la situación jurídica del Expediente Administrativo N° 9864/1986, debiendo adjuntar una copia auténtica íntegra del mismo. 

En segundo término, aclarar si se ha ordenado la realización de la mensura judicial correspondiente y, de ser así, si dicha mensura ya fue debidamente inscripta tanto en el Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como en el Registro Único Nacional (RUN).

Por último, se pide identificar de manera puntual cuáles son los inconvenientes o trabas administrativas y legales que impiden avanzar con la adjudicación definitiva a favor de los ocupantes que han demostrado fehacientemente su arraigo. 

Este proyecto de resolución deberá ser analizado por las comisiones asesoras de la Cámara Baja antes de ser puesto a consideración del pleno para su aprobación.

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