Buscan agilizar implementación de tobilleras electrónicas para fortalecer protección a victimas

Publicado el: 2026-11-04

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La diputada Alexandra Zena (CN-Central), presentó un proyecto de ley “Que modifica y amplía los artículos 3º, 4º, 7º, 10º de la Ley Nº 5.863/2017 "Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control", modificada por la Ley Nº 7.270/24”. 

La iniciativa busca fortalecer el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC), mejorar su operatividad y garantizar una respuesta institucional más rápida y efectiva ante situaciones de riesgo, especialmente, en casos de violencia intrafamiliar.

La propuesta plantea reforzar el carácter preventivo y protector del monitoreo electrónico, de manera que su utilización no se limite al control de la persona sometida a vigilancia, sino que contemple también la seguridad de la víctima.

Para ello, establece un procedimiento especial de actuación urgente que involucra a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Ministerio del Interior, con responsabilidades y plazos definidos para la comunicación de denuncias, la solicitud de medidas de protección y la implementación del sistema.

Entre los principales aspectos, se establece que la Policía Nacional deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente dentro de las 24 horas de formalizada la denuncia.

Asimismo, la autoridad judicial deberá resolver las solicitudes correspondientes en un plazo máximo de 48 horas, mientras que el Ministerio del Interior deberá disponer la activación del monitoreo electrónico en el menor tiempo posible, conforme a las condiciones técnicas necesarias.

El documento también contempla, un mecanismo de monitoreo especializado, que permita vincular el dispositivo electrónico de la persona denunciada con un dispositivo o mecanismo de alerta para la víctima, ambos conectados a una central de monitoreo.

De esta manera, se busca detectar aproximaciones que incumplan las restricciones judiciales, generar alertas inmediatas y facilitar la intervención de las autoridades ante eventuales situaciones de peligro.

Otro eje fundamental del proyecto es garantizar la disponibilidad de los equipos.

 En ese sentido, propone que el Ministerio del Interior mantenga operativo y disponible para asignación inmediata, como mínimo, el 80 % del inventario de dispositivos, priorizando los casos de violencia intrafamiliar que requieran protección urgente.

En materia financiera, se plantea que la falta de recursos económicos de la víctima o de la persona beneficiaria no constituya un impedimento para la aplicación de las medidas de protección.

Para ello, se prevé la posibilidad de distribuir los costos del monitoreo y mantenimiento entre las instituciones públicas involucradas, conforme a sus competencias y a las disponibilidades presupuestarias, sin que la acreditación previa de insolvencia pueda retrasar la intervención estatal.

Según la exposición de motivos, con esta propuesta legislativa, se busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, establecer una coordinación interinstitucional efectiva y garantizar que las medidas judiciales de protección se traduzcan en acciones concretas y oportunas.

Agrega que, el objetivo central es consolidar un sistema de vigilancia electrónica accesible, operativo y orientado a la prevención, con especial atención a la integridad y seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Tras su ingreso al circuito legislativo el presente documento parlamentario será analizado en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y Ciencia y Tecnología.

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