Proyecto de ley sobre Mercado de Valores y Productos tiene dictamen de aprobación

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), en reunión extraordinaria, dictaminó aconsejando la aprobación del proyecto de ley “Mercado de Valores y Productos”.

La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, tiene por objeto regular el Mercado de Valores y Productos, los servicios y actividades de inversión con el fin de proteger a los inversionistas, promover un mercado equitativo, íntegro, eficiente y transparente, y reducir el riesgo sistémico.

De acuerdo con el dictamen del bloque asesor, el mercado de valores y productos ha experimentado un crecimiento importante en volumen de operaciones y en la cantidad de regulados. “Nos encontramos frente a un mercado dinámico, conectado internacionalmente y que necesita una modernización y adecuación a las necesidades presentes”, señala el documento.

La exposición de motivos del proyecto destaca que el marco legal del mercado de valores ha evolucionado a través de varias leyes que, aunque relevantes y acordes a las necesidades del momento, en la actualidad presentan limitaciones significativas frente a los desafíos crecientes del mercado.

Entre las normas que regulan el sector figuran la Ley Nº 1163/97 “Que regula el establecimiento de bolsas de productos”; la Ley Nº 1036/97 “Que crea y regula las sociedades securitizadoras”; la Ley Nº 3899/09 “Que regula a las sociedades calificadoras de riesgo”; la Ley Nº 5067/13 “Que modifica los artículos 2° y 31° de la Ley Nº 1163/97”; la Ley Nº 5452 “Que regula los fondos patrimoniales de inversión”; la Ley Nº 5810/2017 “Mercado de Valores”; y la Ley Nº 7162/2023 “Que crea la Superintendencia de Valores en sustitución de la Comisión Nacional de Valores”.

Para la comisión asesora, esta cantidad de leyes para un mismo mercado genera fragmentación normativa, contradicciones, lagunas y falta de uniformidad, lo que debilita la eficacia de la supervisión.

En ese sentido, la reforma integral busca consolidar el marco regulatorio, unificar criterios y dotar de mayor claridad al sistema legal.

La propuesta moderniza, significativamente, la infraestructura del mercado de valores al establecer estándares tecnológicos mínimos para todos los participantes y promover la digitalización de procesos. 

La obligatoriedad de acciones escriturales elimina los costos y riesgos asociados con el manejo de títulos físicos, mientras que la posibilidad de realizar asambleas telemáticas reduce barreras operativas. 

Asimismo, la nueva estructura normativa delega aspectos específicos a la reglamentación, permitiendo adaptaciones ágiles ante cambios en las condiciones del mercado.

Entre las principales reformas incluidas se destacan: la capacidad de acción preventiva mediante un régimen de salvaguardas; un mayor control sobre conflictos de interés y operaciones entre partes relacionadas; una vigilancia más estricta a auditores externos; sanciones más claras con la posibilidad de retirar del mercado a los infractores; la tipificación del uso indebido de términos reservados como “bolsa” o “casa de bolsa”; y la obligatoriedad de acciones digitales y la habilitación de asambleas virtuales.

Así también, se permite que emisores extranjeros emitan valores sin constituirse localmente, pero bajo jurisdicciones reconocidas. Estos artículos posicionan a Paraguay como un potencial hub financiero regional.

Finalmente, la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros considera que la aprobación de la iniciativa representará un paso decisivo para modernizar la infraestructura legal y operativa del sistema financiero paraguayo, ofreciendo mayores garantías a los inversionistas y consolidando la posición del país en el mapa regional.