Diputados ratifica texto sobre prohibición de dispositivos electrónicos en cárceles

Publicado el: 2025-11-12

(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados, se ratificó en su texto inicial con respecto al proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro”.

Este documento legislativo subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.

El proyecto de ley propone penas privativas de libertad que oscilan entre dos y siete años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Establece que los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta siete años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

Resalta por otro lado que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

Datos oficiales revelan que hasta agosto del presente año se incautaron más de 500 celulares en las cárceles, evidenciando la gravedad del problema.

La propuesta enfatiza que esta iniciativa no solo busca proteger a la sociedad del impacto de actividades criminales organizadas desde las prisiones, sino también disuadir a posibles infractores mediante la implementación de sanciones más severas.

Este proyecto de ley obtuvo rechazo de parte de la Cámara de Senadores, tras su aprobación, en primera instancia, en la Cámara de Diputados. 

Luego de su ratificación, el proyecto fue, nuevamente enviado a la Cámara de Senadores, para su siguiente y último trámite constitucional. 

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